@|Ante la comprobación de casos afectados por el COVID 19 en nuestro territorio, las autoridades públicas del recién estrenado gobierno nacional, así como los Intendentes de cada departamento, han debido hacerse cargo en cada una de sus jurisdicciones y han debido adoptar “protocolos de actuación” para enfrentar este flagelo y transitar por el camino del equilibrio que supone gobernar.

Estamos ante una situación excepcional, de un virus de extrema virulencia que puede causar la muerte, en aquellos grupos de infectados que constituyan “población de riesgo”, esto es personas mayores de edad, inmunodeprimidos, enfermos crónicos, diabéticos y hasta obesos.

Al no presentarse síntomas evidentes inmediatamente de haberlo contraído, se entiende que los que lo contrajeron en el exterior e ingresaron de regreso a nuestro territorio (en un número cercano a los trece mil provenientes de Europa) no hayan cumplido cuarentena alguna.

Por ello, pretender atribuir a una sola persona –cuya imagen, nombre y apellido se han difundido hasta el extremo, aquí y fuera de fronteras- nos parece un despropósito injusto y agraviante. Fueron con seguridad y lamentablemente, muchas personas, las posibles portadoras de este virus de tan fácil contagio.

La falta de adopción de recaudos preventivos por parte de las autoridades “salientes” (pese a las noticias de su difusión no sólo en China sino también en Europa, principalmente Italia y España y luego los Estados Unidos) restó trascendencia a la gravedad del asunto. Cuando en rigor de verdad en el mes de Febrero ya se debían haber advertido los peligros de la pandemia declarada oficialmente por la OMS de las Naciones Unidas con fecha 11 de marzo de 2020.

No es este el lugar ni el momento para buscar culpables, sino de dar nuestra opinión sobre cómo la emergencia sanitaria cambió en un segundo las previsiones más esperadas por la ciudadanía al iniciarse un gobierno de coalición, luego de quince años de un gobierno frentista, que llevó adelante sus períodos de gobierno, prácticamente con nulo contralor parlamentario. Las decisiones que se han tomado en estos días, han demostrado que nuestro Presidente de la República y su equipo de gobierno, tienen en claro que su función es, gobernar.

Que antes que nada está la salud de la población y la atención de los más afectados por esta emergencia.

Se han adoptado medidas que han puesto las cosas en su sitio, y la “derecha” que iba a arrebatar la lograda “agenda de derechos” a los más desvalidos, resulta que los contiene y atiende como debe ser y quizá como nunca se les atendiera por “la izquierda”.

Se está gobernando y respetando la libertad. Se está apelando a la responsabilidad social, para no entrar en estados de excepción, ni en cuarentenas obligatorias, se está apuntando al buen criterio y a la consciencia a través de una honesta y firme comunicación gubernamental diaria.

La situación exige el mayor esfuerzo de todos. Las normas de excepción, que lesionan los derechos humanos básicos, entre ellos nada menos que la libertad y cuya aplicación solicitan quienes en su momento estuvieron apoyando el default, así como los gremios politizados que promueven caceroleos, solo tienen una finalidad política, muy alejada del interés general.

Serían ellos mismos los que luego, ante el mínimo desborde, saldrían a acusar de fascistas a quienes hoy están haciendo lo que deben hacer, que es gobernar. Ni más ni menos.

Debieran recordar a Don Quijote cuando le recomendaba a Sancho Panza, “pocas pragmáticas, pero que se respeten y cumplan”. Porque, ¿qué valor tendría la imposición de una cuarentena obligatoria si luego en los hechos no se puede aplicar todo el rigor de la Ley para hacerla efectiva? Ello atentaría contra la propia institucionalidad, lo que resultaría inaceptable e inadmisible.