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Elecciones y la Ley de Protección de Datos Personales


@| Aquellos que creemos en la honestidad y en la ley, creíamos que nuestra información personal era privada y que en Uruguay no podía haber un fraude electoral. 

Creíamos y quisiéramos seguir creyendo, pero a veces la realidad nos golpea duramente.

Recibí por whatsapp un link a una página (https://e2019.uy) donde se puede consultar donde votar y hasta aparentemente se pueden solicitar listas de los distintos candidatos y donde además, no es necesario siquiera conocer la serie y el número de la credencial ya que permite buscar por nombre y apellido.

Esto último llamó mi atención, ya que en el sitio oficial de la Corte Electoral, para poder consultar donde votar, uno debe ingresar la serie y el número de la credencial y no permite otra forma de búsqueda, lo que resulta lógico dada la confidencialidad de los datos que se encuentran protegidos por la ley de protección de datos vigente en este país. Cada uno conoce su propia serie y número de credencial, pero desconoce incluso la de sus seres más cercanos, lo que garantiza esa confidencialidad.

Pero este sitio web permite buscar por nombre y apellido y ni siquiera hace falta conocer el segundo nombre y el segundo apellido de una persona para poder averiguar su filiación completa, la serie y número de credencial y el lugar de votación. Alcanza con ingresar el primer nombre y el primer apellido para obtener una lista con todos los votantes con esos mismos primer nombre y primer apellido.

A modo de ejemplo, si se busca Luis Lacalle, se pueden obtener los datos del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera y del actual senador y pre-candidato a la presidencia Luis Alberto Lacalle Pou. Si se busca por Daniel Martínez, se pueden obtener los datos de 10 votantes que comparten el primer nombre y el primer apellido con el pre-candidato frenteamplista.
Este sitio web, desde mi humilde punto de vista, viola claramente la ley de protección de datos personales ya que permite obtener información sensible de otras personas simplemente conociendo su primer nombre y primer apellido.

Buscando más información sobre este sitio web, encuentro que su dirección IP (dirección de Internet) es 99.84.27.127, la cual corresponde a un servidor de Amazon Cloudfront (server 998427127.gig51.r.cloudfront.net) ubicado en la ciudad de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos.
El sitio https://www.iptrackeronline.com/whois.php permite consultar la titularidad de este dominio y nos informa que el mismo pertenece a un particular con dirección en la ciudad de Montevideo que registró ese dominio el día 12 de Junio de 2019 y lo actualizó por última vez el día 21 de Junio.

Lo primero que uno se pregunta es: ¿cómo obtuvo un particular la base de datos de todos los votantes uruguayos con sus datos personales de nombres y apellidos completos, sus respectivas credenciales cívicas y lugares de votación?

Lo siguiente que uno se pregunta es: ¿quién o quiénes lo autorizaron a subir esa información a un servidor en el exterior? ¿Dónde queda la ley de protección de datos personales?

¿Quién o quienes más disponen de esta misma información? La justicia debería investigar esto que puede ser verificado por cualquiera.
Aún más grave, ¿podría utilizarse esta información de forma indebida?
Lamentablemente, la respuesta es sí.

¿Qué es lo que impide que una persona vote por otra en nuestro país? Fundamentalmente, la dificultad de que una persona sepa la serie y número de credencial de otra, ya que a diferencia de la cédula de identidad, es un documento que se utiliza muy raramente.

Puestos a pensar mal, supongamos que un vecino mayor falleció y su información aún se encuentra en el padrón electoral ya que la eliminación de los fallecidos lleva su tiempo y no es instantánea. Cualquier persona mal intencionada podría buscar en este sitio web y obtener el nombre completo, la serie y número de la credencial así como el lugar donde a esa persona le correspondería votar si aún viviese. Con una credencial cívica emitida hace más de 40 años y una foto de la persona de esa época, otra persona de una edad similar podría votar por el fallecido simplemente presentándose en el circuito y dando la serie y número de credencial junto con el nombre del fallecido. Porque las personas honestas que integran las mesas de votación, darían por suficiente esa información y le permitirían votar.

Si esto pasare, estaríamos frente a un fraude electoral, que si tenemos en cuenta que en este país, desde el año 2010 en adelante, mueren más de 32.000 personas al año, y de ellas unas 25.000 o más son mayores de 60 años, su incidencia podría ser significativa.

Aquellos que creemos en la honestidad y la ley, nos merecemos más que una respuesta. Merecemos que se cumpla la ley y se castigue a los infractores, que esta situación se aclare y se tomen medidas para que esta información no pueda ser mal utilizada.

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