Realidad del MIDES

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son instituciones privadas, cuyo desarrollo tiene su impulso luego de la Segunda Guerra Mundial y son reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas que se firmó en Junio de 1945. Sin embargo, la ONU no las define hasta 1950, en una Resolución del Consejo Económico y Social. Aunque técnicamente, cualquier asociación civil privada podría ser definida como una “organización no gubernamental”, en la práctica sólo se consideran ONG a las organizaciones que cumplen al menos estos requisitos: ser independientes de las instituciones, de los poderes públicos y de los partidos políticos; trabajar por un bien social; hacerlo sin ánimo de lucro. Lamentablemente en nuestro país, el sistema normativo que las debiera regular se presenta como incompleto y falto de la necesaria organicidad, principalmente al momento de constatarse irregularidades o desviaciones en el cumplimiento de sus fines. Y esta especie de “ausencia normativa” específica, puede habilitar discrecionalidades por parte de la Administración (que generalmente las financia con dineros del Erario Público) y posibilita decisiones arbitrarias que a la postre, se muestran abiertamente como contrarias a derecho y con desviación de poder. Por ello muchas veces, se advierte que esas “asociaciones civiles” que surgen por motivaciones populares inicialmente destinadas a lograr un “fin social”, desvían sus actividades, quedando expuestas a la mirada colectiva, luego que los reclamos de quienes se consideran perjudicados por su proceder, alcanzan los estrados judiciales.
El costo de estas demandas contra el MIDES, luego las asumimos todos los contribuyentes. La legislación aplicable en caso de financiarse su actividad con dineros públicos, es la contenida en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), como si se tratase de cualquier proveedor del Estado. Y a esta normativa debiera someterse la responsable de ese Ministerio. Así ha tomado estado público, la situación de una “ONG” que funciona como hogar nocturno en San José, que impulsada y financiada por el Ministerio de Desarrollo Social, ha recibido desde el 2014, la suma nada despreciable de $28.000.000, sin tener en cuenta siquiera las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República, en cada oportunidad de disponer ese gasto. Se trata en este caso, de un contrato para “atender a personas en situación de calle”, llevado a cabo por personas inicialmente contratadas como “auxiliares de servicio”, que pretendían impulsar una radio comunitaria de FM “de izquierda”, financiada tangencialmente por el MIDES y también por un porcentaje del salario que les retenían a los empleados (que luego le reclaman judicialmente la reparación correspondiente). Consultada la responsable de este Ministerio, Marina Arismendi, manifestó que el tema de esa “Asociación Civil Eusebio Vidal” constituye para ella “un dolor de muelas”, pero sin embargo, no ha dispuesto el cese de ese contrato, ni ha dejado de reiterar el gasto para transferirle dinero. Sigue cumpliendo el “sueño del pibe”, disponiendo de fondos públicos asignados a su cartera, con una finalidad totalmente espúrea, vestida eso sí, con un ropaje “solidario”. Tampoco ha exigido la formación mínima en los que figuran como “educadores”, todo llevado a puro “sentido común”.
Si como lo indica la sabiduría popular, “para muestra basta un botón” esta situación por demás irregular y poco cristalina, merece el mayor repudio de la sociedad en su conjunto. Pero además, debiera la Sra. Ministra ser llamada a responsabilidad por malversar dineros de los contribuyentes, lo que en un “país de primera”, supondría cuando menos, su inmediata separación del cargo y la inhabilitación para volver a ejercer la función pública.