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Dique Mauá


@|El emprendimiento proyectado por Buquebus en el Dique Mauá ofrece aspectos de planificación, desarrollo urbano, defensa del medio ambiente, operativa portuaria y marco jurídico. Por razón de mi especialidad, me referiré tan sólo a estos últimos aspectos. 

1.- Desde el punto de vista de la operativa portuaria, el proyecto ofrece ventajas interesantes porque, por un lado, se le proporcionaría a los pasajeros que arriben o partan de esa terminal comodidades de excelente nivel y por el otro, la concreción de este emprendimiento, permitiría liberar un espacio importante del recinto portuario para la operativa de cargas. 

2.- Desde el punto de vista del marco jurídico estimo que es absolutamente inaceptable que se enajene un bien raíz de esas características a una empresa privada en mérito a que toda la política portuaria que se consagró con la ley de puertos No. 16.246 del 8 de abril de 1992, está fundada en el principio de que los puertos bajo la administración de la A.N. P. (Administración Nacional de Puertos), no pueden ser enajenados. Como expreso en mi libro: “Transporte Marítimo, Montevideo 1991, p. 100), el régimen establecido por esa ley” no habilitó a la ANP a enajenar los bienes inmuebles bajo su administración. Esta empresa pública puede si conceder a terceros la explotación de esos bienes raíces pero no transferir el dominio de los mismos.  

Frente a ese planteo se podrá alegar que el Dique Mauá no está bajo la administración de la A.N.P.y no lo está porque, actualmente, no es una terminal portuaria, sino que ha operado como dique y astillero bajo la autoridad de la Armada Nacional, pero ello no invalida que el proyecto de ley “sub examine” implica, en definitiva, la construcción de un puerto cuyo marco jurídico no puede estar en colisión con la ley de 1992.

Pero además, ello estaría contrariando un antecedente muy valioso y que refiere a la terminal de contenedores. Conforme al art. 20 de la ley No. 17.243 del 29 de junio de 2000, en momentos en que se desempeñaba como Ministro de Transportes y Obras Pública el Ingeniero Lucio Cáceres y el suscrito lo hacía como Presidente del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, se autorizó a la ANP a participar en sociedad con capitales privados en la administración, construcción conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, con un plazo de treinta años. Conforme a esta normativa y al Decreto No. 137/2001 del 26 de abril de 2001, se constituyó una sociedad de capital mixto, y se procedió a la subasta del 80% de sus acciones (el 20% le corresponde a la A.N.P) cuyo principal oferente pagó US$ 17 millones cien mil dólares y se obligó a hacer obras de enorme importancia a tal punto que se estima que lo invertido hasta la fecha, en T.C.P., supera los US$ 250 millones de dólares.

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