@|Cuando advertimos el deterioro general que está padeciendo nuestra sociedad en su conjunto, nos preguntamos cuánto tiempo, o mejor cuántas generaciones de uruguayos habrán de pasar, para encauzar de nuevo –educación mediante- el grado de urbanidad y respeto a las normas y a la autoridad, que una vez distinguieron la convivencia social de nuestro país.
Pues muy poco queda de aquel entramado que nos caracterizaba como “diferente” del resto de los países latinoamericanos. 

El aumento de los “alfabetos disfuncionales” que saben leer y escribir, pero que no pueden interpretar con sus palabras un texto que leen, sumado a la inseguridad, la inusitada y cotidiana violencia que se ejerce al cometer una rapiña, la influencia de la droga y su legalización, las personas (o lo que queda de ellas, a veces figuras casi espectrales) acampando en pleno centro de nuestra capital o haciendo sus necesidades fisiológicas a la vista de quien quiera ver, el desprecio por las normas y la ausencia de la autoridad para hacerlas respetar, nos brindan un panorama muy desalentador.
Al trascender que los asentamientos irregulares han aumentado, y que los departamentos de Montevideo y Canelones son los que los poseen en mayor número, cabe preguntarle a las autoridades del gobierno a qué “herencia” atribuirán estas realidades, pues ya se han heredado a ellos mismos en dos oportunidades, y han dado muy inequívocas muestras de su incapacidad de implementar políticas que efectivamente los solucionen. 

Ya es hora de asumir responsabilidades propias. Ha quedado probado que solo el voluntarismo, no alcanza para ejercer acciones de verdadero gobierno. 

La inclusión dentro del presupuesto de gastos e inversiones y la aprobación de planes a corto, mediano y largo plazo, de políticas de Estado para erradicarlos y atender las “urgentes necesidades socio habitacionales” (con los debidos controles de los organismos competentes, para asegurar la transparencia tanto en las contrataciones como en la asignación de las nuevas viviendas) hubiera evitado que se alcanzaran las más de 60.000 viviendas “irregulares” relevadas por 70 voluntarios de Techo entre marzo de 2018 y enero de 2019 en todo el país. La mayoría de ellas sin saneamiento, ni acceso a conexión eléctrica segura, ni a servicios sociales básicos e infraestructura. 

Los extraordinarios ingresos que percibiera el Estado, como jamás en su historia, asignados a planes evidentemente ineficaces, confirman la tremenda “pérdida de chance”, que padecimos, pues evidentemente se ha gastado mucho, se han creado oficinas y empleos para atenderlas; se han brindado planes asistenciales a través del MIDES y de las Intendencias, sin que se haya logrado más que seguir manteniendo a un gran número de “comensales” sentados a la mesa, prontos para exigir las prestaciones que no ayudan siquiera a su dignidad. Asistencialismo puro y simple, sin exigir mínimas contraprestaciones, para no “estigmatizar” a estos connacionales, que por cierto, muy poco o nada saben de “la superación por el esfuerzo”. 

Se trata de entretejer nuevamente valores sociales que otrora hicieron destacar a nuestro país, se trata de infundir principios republicanos de buen gobierno, enseñando con el ejemplo. 

Las señales desde los altos cargos de gobierno no pueden ser más confusas y a menudo expresadas con una soberbia increíble.

Ciertamente inadmisible.

Pues la pérdida de credibilidad en los responsables del gobierno, atenta contra la institucionalidad y a la postre, contra la misma República. 

Tenemos que asumir el desafío de una muy necesaria reconstrucción.