@|Cuando aún se mantiene fresca la memoria del triple asesinato de jóvenes infantes de marina, que custodiaban una antena en una pequeña estación ubicada en el Cerro de Montevideo (a manos de un ex compañero, desertor de las Fuerzas Armadas) y se analizan las conclusiones a las que se llegara entonces sobre el infausto suceso; nos preguntamos si es factible mejorar el ingreso y la profesionalización de nuestros efectivos en las condiciones actuales.

Hace poco más de dos años, se concluyó que ninguno de los cuatro involucrados en la muy triste como preocupante noticia, debía haber estado allí en esos momentos. Pues, ni los infantes de marina que perdieron su vida, ni su matador, tendrían que haber ingresado a ser parte de las Fuerzas Armadas, ya que por distintas razones habían reingresado a la fuerza -luego de haber desertado de la misma- sin que se hubieran advertido o tenido en cuenta sus respectivos antecedentes de conducta, ni su cumplimiento del deber en la Armada o en el Ejército.

Aquel suceso de la crónica roja –que fue resuelto y esclarecido por las autoridades intervinientes entonces- llevó a una revisión de los requisitos de ingreso, así como al necesario entrecruzamiento de datos personales, los que se registran desde entonces (según la información de prensa hecha pública) en forma centralizada en el Ministerio de Defensa Nacional los que, además, motivaron el dictado de nuevas disposiciones en la materia.

Días atrás, se informó acerca del número de efectivos militares que han desertado. Los que incurren en un delito, son aquellos que terminaron su instrucción como reclutas y la Justicia Militar los sanciona, pero este antecedente sólo les impide el ingreso a la función pública o solicitar el reingreso.

Entendemos que sería bueno abordar esta temática, la que pone de relieve, en muchos casos, tanto la ausencia de una verdadera vocación del servicio a cumplir como la frustración de no alcanzar expectativas de superación personal y social.

Sin sombra de dudas, las deserciones (esto es el abandono o ausencia del funcionario al cumplimiento de las tareas asignadas, sin cumplir con los pasos legalmente previstos para que se les conceda la baja o posible desvinculación sin incurrir en un reproche penal) tienen su principal causa, según las autoridades responsables, en las bajas remuneraciones que perciben por sus tareas.

Esto atenta también contra una mejor formación de estos funcionarios públicos, los que -como sabemos- están sometidos a un especial régimen jerárquico y disciplinario y deben cumplir, en muchos casos, funciones que exceden lo estrictamente militar, sin recibir el reconocimiento social que debiera brindárseles.

Lo cierto es que, en los últimos dos años y medio, casi quinientas personas desertaron; esto es, abandonaron sin dar siquiera aviso a sus superiores. El Ejército en primer lugar y luego la Armada, son las fuerzas que más registran estas situaciones; y así, quienes se desempeñaban como soldados o marineros, buscan mejores retribuciones en otras actividades.

Tal vez sea hora de abordar sin prejuicios esta problemática a nivel presupuestal, para buscar una solución a la situación que nos ocupa.