@|Luego de la tristemente recordada experiencia de la denominada “crisis del 2002”, con sus tremendas consecuencias en materia social, económica y política (especialmente para el Partido Colorado), el gobierno del Dr. Jorge Batlle y su formidable equipo de asesores encabezados por el Dr. Alejandro Atchugarry y los Economistas Ariel Davrieux e Isaac Alfie –para nombrar solo algunos- supo encontrar una “salida a la uruguaya” y honrando todas y cada una de sus obligaciones, entregó el gobierno al Dr. Tabaré Vázquez (partidario del default) “con las cuentas en orden y el país en crecimiento”.

Se dispuso inmediatamente la creación del Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo de todos los partidos políticos para atender la especial situación de “emergencia social” que aquella crisis -sin precedentes en nuestra historia nacional- había producido.

Se le encomendó la conducción del mismo a una connotada representante del Partido Comunista, la Maestra Marina Arismendi, para quien según sus declaraciones, fue la concreción “del sueño del pibe”.

Pasados tres gobiernos del Frente Amplio, en los que se vivió (al menos en los primeros once años) la mayor bonanza económica de la que se tenga memoria, ha quedado demostrado que la impresionante estructura burocrática montada, significó, en los hechos, una gran oficina, que -además de pagar muy buenos sueldos a sus gerentes- multiplicó las organizaciones no gubernamentales y los favores a los “compañeros”, sin mayores controles.

Las necesarias auditorías que se están llevando a cabo, van levantando, poco a poco, el silencio que las anteriores mayorías de parlamentarios regimentados, no permitieron investigar.

La pandemia por el Covid-19 que se está enfrentando por el nuevo gobierno, con determinación y responsabilidad y compromiso social de la mayoría de la población, ha demostrado lo muy poco que se avanzó en la promoción del verdadero “desarrollo social y la inclusión” de las poblaciones más vulnerables.

Uno de los acuciantes problemas sigue siendo el de las personas “sin hogar” o los que viven en “situación de calle” y así por las autoridades frentistas, se justificaba la ocupación de espacios públicos y privados por estas personas, en su “derecho” y “libertad” a la utilización de esos lugares, cuando su primer responsabilidad debió haber sido lograr brindarles, por lo menos, un refugio y la tan mentada “inclusión” que justificaba su propia existencia institucional.

Hoy se rasgan las vestiduras acusando a las actuales autoridades de “estigmatizar la pobreza” y se aterrorizan de que se violen “los derechos y libertades” de estas personas que viven en la calle, “sacralizando el derecho de propiedad” por promover su desocupación por el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social, y sancionar como “falta” tales conductas.

Por cierto, no mencionan el manejo -al menos- “desprolijo” de los recursos destinados a ese Ministerio, el descubrimiento de cientos de kilos de alimentos y otros productos vencidos, sin que llegaran a sus destinatarios, ni mucho menos que en esta Administración, se aumentó en 400 plazas los espacios para acogerlos.

La “emergencia social” debió haberse atendido con mayor eficiencia, y ha quedado en evidencia que los “planes asistenciales” sin la correspondiente inclusión ocupacional y laboral, sólo forman eternos dependientes.

Nuestra Constitución busca proteger el derecho de acceder a una vivienda y a vivir con dignidad, no el “derecho” a ocupar ni acampar en espacios públicos y privados, en desmedro de los derechos de los demás habitantes de nuestro territorio.

La libertad, consagrada en nuestra Carta Magna no es un derecho absoluto, pero en todos, debiera entenderse como la “capacidad” de poder elegir, de poder optar, en todo caso respetando los derechos de los demás.