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Derivan fondos sin demasiados controles

@|La buena intención de los legisladores que impulsaron la creación de la Junta Nacional de Empleo en 1992 (Ley 13.320) como un organismo tripartito conformado por representantes del Poder Ejecutivo a través del MTSS, de los empresarios y de los trabajadores -inicialmente honorarios- seguramente no llegó a advertir que se habilitarían las bases de una infraestructura con otro peso burocrático y otras derivaciones.

Lo que inicialmente tuvo por cometido administrar el Fondo de Reconversión Laboral aportado por trabajadores y empleadores, en beneficio de quienes estuvieran en Seguro de Paro, tratando de lograr una inserción laboral en situaciones complejas, apostando a la capacitación y formación de funcionarios y de reconversión de empresas, se transformó 15 años después, en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), el que como persona pública no estatal fuera creado por Ley 18.406 de 2008.

Y a su cometido originario, se sumaron otros como el otorgamiento de préstamos y asistencia financiera a organizaciones de trabajadores y empresarios. Pues por Ley de Rendición de Cuentas 18.996 se le habilita hasta para “cooperar, participar y brindar asistencia financiera para promover el empleo juvenil…”. El Consejo Directivo de 8 miembros mantiene su integración tripartita, con representantes del Poder Ejecutivo, y los sectores empresarial, sindical y de empresas de economía social. Son cargos rentados, con remuneraciones cercanas a las de un Ministro de Estado.

La administración de un fondo anual no inferior a los treinta millones de dólares ha sido objeto de una de las tantas auditorías impulsadas por el nuevo gobierno. Auditorías necesarias para conocer los destinos de los dineros que conforman ese Fondo de Reconversión con los que se dispusieron retribuciones salariales significativas y se habrían pago cursos semestrales a empresas “tercerizadas”, cuyo costo puede llegar a competir con el de carreras de grado en universidades privadas.

Sin perjuicio además, de haberse constatado asistencia financiera a sindicatos y empresas a quienes se les habría facilitado importantes sumas de dinero sin mayores controles, y prácticamente nula posibilidad de recupero.

El tema que nos ocupa apunta a que, han salido a luz erogaciones que se habrían financiado son estos dineros, sin las debidas formalidades y que, en nada tienen que ver con la formación, reconversión o investigación sobre negociación colectiva, sino que por el contrario, se trata de consumos y gastos muy alejados a los fines a los que debieran haberse destinado los mismos. Ciertamente lamentable.

Toda una estructura que ha manejado con una gran liviandad estos dineros, ya que no se habrían rendido cuenta de los objetivos contenidos en los convenios, ni constatado la capacitación o reconversión de quienes debían resultar beneficiados por estos programas.

Y son varias las asociaciones gremiales y empresariales cuyos convenios han sido objeto de observaciones.

La necesaria cristalinidad se impone en todo caso y más, cuando se trata de dineros que el legislador le asignó destinos específicos, y de tanta significación como es el empleo.

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