@|La aprobación por parte de Diputados de un artículo del Proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal para el período 2020-2025 que presentó el Poder Ejecutivo, en el que se desmonopoliza la venta de combustibles en las zonas portuarias de la Administración Nacional de Puertos, elimina la prohibición vigente en nuestro país desde el 15 de Octubre de 1931.
En efecto debemos recordar que por Ley 8.764 se dispuso la creación de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland) imponiendo desde entonces el monopolio de los combustibles en favor de esta empresa estatal.

De aprobarse en el plenario del Poder Legislativo y promulgarse este Proyecto de Ley de Presupuesto, sería sin lugar a dudas un hecho histórico relevante que hace nada menos que a la defensa de los intereses nacionales, que entre otros, tienen relación con el desarrollo de nuestro país, sus puertos y las actividades conexas a ellos, lo que tendrá un fuerte impacto en la economía nacional.

Pues resulta conocido que los altos costos de los combustibles para el transporte marítimo han influido notoriamente en la competitividad del puerto de Montevideo y eso afecta los ingresos genuinos de divisas para nuestra República. Inicialmente sugerida esta desmonopolización también para las aeronaves, se entendió que ANCAP podía seguir brindando en exclusividad sus combustibles en esa área, no así en las zonas portuarias de la ANP, donde los privados, esto es las empresas navieras por sí o por interpuesta persona, podrán competir con la empresa estatal e importar el combustible que requieran sus barcos disminuyendo de esa manera sus costos operativos.

El gremio de la empresa estatal, que la pretende “estatal y pública”, así como los legisladores de la oposición ya se han movilizado y expresado en contra de esta iniciativa. Así el portal del PIT-CNT atribuye a las normas contenidas en este Proyecto de Ley de Presupuesto un contenido “desestatizador, clasista y neoliberal” que busca la concentración de la riqueza y el poder”.

Bueno es recordar que estas movilizaciones y oposiciones no fueron advertidas por la ciudadanía cuando quedaron al descubierto los nefastos negocios del Ente monopólico de los combustibles, que llevaron a esta empresa al borde de la quiebra y dieran mérito a la renuncia “por motivos personales” de un Vicepresidente de la República.

Ello lleva a preguntarse cuáles son los intereses que verdaderamente defienden. Porque mientras que los contribuyentes seguimos pagando en exceso por los combustibles que utilizamos, nadie asume su responsabilidad por las nefastas decisiones de negocios -que han tomado estado público como consecuencia del reciente debate parlamentario- ni por sus consecuencias.

Resulta lamentable comprobar que hemos sostenido con nuestros recursos muchas de esas ineficiencias políticas, adoptadas con total impunidad -las que en rigor de verdad, lejos de servir al interés general- han resultado más útiles para promover candidaturas, que para impulsar el auténtico desarrollo nacional y el bienestar de nuestra población.