@| El incontenible caos y desorganización penitenciaria continúan, como evidencian los numerosos incidentes -incluso homicidios- que logran trascender a la opinión pública pese a la censura ministerial. 

Ahora el Gobierno ha recurrido a la Guardia Republicana, último recurso muy lejano a sus concepciones sobre la mentada “rehabilitación” de los internos.

La GR es obligada a perder su perfil y naturaleza de su misión específica, para salvar la responsabilidad e imagen de las autoridades políticas del Ministerio del Interior, en una medida inédita e inaceptable a todas luces, para quien conozca el sistema penitenciario por dentro o sepa algo de doctrina de empleo de los medios. 

Jamás se le debió asignar la función de seguridad interna a la GR, son roles absolutamente diferentes y hasta en cierta tensión con la "Guardia Externa" y con cualquier Fuerza que incursione en los Centros para restablecer el orden interno; preceptos que ahora han sido totalmente anulados por los Directores civiles políticos del INR, quienes nada comprenden de esta delicada materia y sí solo piensan en los Derechos Humanos de los presos, en todo lo “políticamente correcto”. 

Afectan el potencial operativo de la Policía Nacional, al debilitar la disponibilidad de efectivos de su principal reserva institucional de Fuerzas.
Pero además, ¿de qué sirve incorporar tantos efectivos al INR, si no tienen autoridad y respaldo, siquiera para hacerse respetar por los reclusos?
No pueden aplicar medidas correctivas disciplinarias ni usar la fuerza necesaria para contener acciones violentas de los presos (represión: pecado de lesa ideología frentista, prohibida.). 

Mientras la GR aprende la labor de “seguridad interna”, de los escasos y desmotivados policías penitenciarios que aún permanecen en el sistema, se irá desgastando peligrosamente y perdiendo más imagen aún frente a los internos. Ya los violentos no le temerán más... 

El FA pretendió hacer la “reforma" penitenciaria, obviando el factor orden y seguridad, menospreciando a los policías penitenciarios que tenían experiencia y reemplazándolos por civiles al estilo INISA (tipo educadores, no guardias capacitados en seguridad, como en todas las cárceles del mundo), un modelo notoriamente fracasado.

Ahora pagan el precio de tal soberbia y prejuicios ideológicos contra los uniformados.

Y la población seguirá viendo indignada, cómo sigue actuando impunemente la violencia delictiva, aún dentro de los Centros Penitenciarios, perdiéndose cada vez más vidas humanas y malgastándose sus enormes recursos presupuestales destinados a la mentada reforma.