@| El Comisionado Parlamentario Petit sigue entreverando los conceptos sobre la grave crisis y con él, casi todo el sistema político.

Subestiman la importancia de restablecer el sistema de seguridad, orden interno y régimen disciplinario de reclusos, como si ello fuera un simple paño tibio a la crisis.

Pretenden que ésta se solucione solamente con “programas de rehabilitación” basados en medidas socioeducativas.

Insisten en desconocer que el aspecto más grave de la crisis, está dado por la inseguridad, la imposibilidad de proteger la vida humana, lo que es misión primaria del sistema de seguridad penitenciaria desmantelado por el gobierno.

Y sin seguridad, no se pueden habilitar los deseados programas de reinserción social.

Ante esa ceguera, la situación seguirá empeorando, mientras nadie se atreva a restaurar el principio de autoridad en el Sistema, y los actores involucrados se queden en meros discursos “políticamente correctos”.

Lamentable gestión del Ministerio del Interior, que redundará en más caos, omitiendo el primer mandato constitucional editado en el art. 26 de la Carta Magna: Asegurar a los reclusos, o sea, una finalidad que implica no sólo evitar las fugas, sino proteger sus vidas, neutralizando toda alteración del orden interno y motines.

El MI trasladó a grandes cantidades de policías, fuera del Sistema Penitenciario, en el marco de su promovida “Reforma” (para pasar a la gestión civil), sin prever la debida formación y gradual reemplazo de los mismos, condenando al riesgo permanente a los pocos policías penitenciarios que aún permanecen.

También trasladó a numerosos Oficiales de carrera penitenciaria, únicos profesionales del Sistema, hoy ninguneados, pese a ostentar la especialidad profesional, acreditada con títulos de reconocidas Academias extranjeras o de la Escuela Nacional de Policía.

En su lugar, han ingresado “Operadores” civiles, pero sin capacitación en seguridad y disciplina penitenciaria, sólo Derechos Humanos e “Ideología de Género”, los que se niegan a asumir funciones de seguridad.

Como si fuera poco, pretenden transferir el sistema al M.E.C, con un inadecuado y peligroso proyecto de ley, que daría el golpe de gracia al escaso control administrativo que aún conserva el INR, en una insólita utopía que ha engañado hasta la propia oposición, al parecer muy poco informada de las consecuencias de su eventual aprobación.

Así las cosas, seguirá cuesta abajo, con tendencia a agravarse por no reconocer que han equivocado totalmente, la estrategia y las consiguientes políticas penitenciarias, y la soberbia de ni siquiera escuchar al personal superior de carrera o a experientes retirados del INR.