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Crisis institucional


@|El comunicado emitido por la Mesa Política del Frente Amplio desnuda la profunda crisis institucional que asola a nuestro país.

La posición del FA, coalición de oposición que integra a los sectores que fueron protagonistas de los agónicos y nefastos pasajes de la historia reciente de nuestro país, el MPP y el PCU, amenaza la institucionalidad al no poder justificar su oposición a movilizaciones pacíficas y de profundo contenido democrático que protagonizan distintos sectores de la sociedad.

Emplazan al Presidente de la República y al histórico líder del Partido Colorado a ratificar o rectificar sus comentarios de apoyo a iniciativas que no atentan contra ninguna norma y por el contrario señalan el camino de la paz y la reconciliación nacional.

Esta actitud que amenaza con la eventualidad de contra movilizaciones y la consecuente conflictividad social, pone en evidencia la fragilidad de la democracia y la República que ahora, a partir de un comunicado, deja de lado los eufemismos para manifestar abiertamente el cuestionamiento a todo aquello que no comulgue con la visión de unos pocos. Cada una de las palabras empleadas en el descarnado mensaje reemplaza la acción de los disparos y bombas de los años sesenta, los secuestros y asaltos de los setenta y desenmascara las actividades subversivas que a partir del año 1973 amenazaban la paz pública en nombre del paraíso comunista con el que curiosamente nuestra sociedad nunca tuvo nada que ver.

Las movilizaciones democráticas cuestionadas, como la llevada adelante por los escritores Vigil y Abenia, el grupo de Familiares de Prisioneros Políticos o Cabildo Abierto reclaman a la República el cumplimiento de los acuerdos consagrados por Ley y refrendados en dos oportunidades por el voto de la ciudadanía. Estas consignas, no deben ni pueden suponer la posibilidad de que aquellos que no están de acuerdo intimen a nadie a desconocer el reclamo de los derechos que se reivindican, entre los que figuran la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa, comunicada en dos oportunidades por la Suprema Corte de Justicia y luego, como parte de un largo collar de irregularidades que le siguen, a ese golpe de estado técnico promovido por el FA en la anterior administración.

La debilidad política del Presidente de la República y la fragilidad de la coalición de gobierno nos preocupa.

Tal vez la pandemia finalmente los infectó, inyectándoles temor a la verdad, llevándolos a olvidar ya no solo los compromisos contraídos en el año 1984, sino tal vez algo más grave, su compromiso con la democracia y la República.

La realidad, que en estos momentos unos combaten desde la oposición y otros pretenden ignorar desde el gobierno, trata de procurar los equilibrios necesarios y recordar que nuestra sociedad ya saldó lo vivido en los años sesenta y setenta.

La Ley de Caducidad no debe observarse con independencia de las leyes de Amnistía y de Restitución de los funcionarios públicos. Las tres conforman ese maravilloso trípode sobre el cual se puso de pie a la República. La imposibilidad de impartir justicia equitativamente y a todos los responsables de tanto dolor y miseria, nos llevó a procurar el camino del perdón.

La crisis institucional ha venido manifestándose ante la incapacidad de reacción de los partidos políticos. Comenzó cuando aprovechando la mayoría circunstancial en el parlamento promovió y votó una ley interpretativa para enmendar la plana del soberano. Entones se registró un golpe de estado técnico.

Esa ley, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ha seguido de largo, consagrando injusticias que no pueden entenderse en el marco de una República erguida y atenta.

El odio y el rencor que promueve el FA, controlado ahora por un Partido Comunista que no abandona su sueño y sólo lo acomoda a las circunstancias del momento, hoy pone en jaque a la República.

Quienes pretendemos vivir en paz y deseamos reconciliarnos con el prójimo, a quien, sin calificar o identificar, decidimos no juzgar, en algo estamos de acuerdo con la Mesa Política del Frente Amplio, también esperamos que el gobierno se pronuncie.

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