Uso de dineros públicos

@| Quién puede oponerse a que la política social más justa es que los más pudientes aporten a favor de los más desamparados, cuando ésta es una ley de vida que las personas de bien comprenden y apoyan sin siquiera discutirlo. Aunque pareciera una idea socialista, es uno de los derechos humanos básicos, no habiendo ningún gobierno nacional del color que fuere, que no haya querido que este principio se cumpliera al pie de la letra.

Pero cuando esta idea integra la base programática del partido ganador, la ciudadanía puede y debe exigir coherencia entre lo prometido y lo cumplido, hayan sido o no sus seguidores políticos.
El gobierno nacional es un administrador y regente de los dineros públicos para lo cual todos aportamos nuestra cuota parte, destinados a una mejor calidad de vida de la ciudadanía, respetando la prioridad hacia los más desfavorecidos.

Pero el resultado en el presente ejercicio de gobierno, ha sido un verdadero contrasentido a la base programática que se prometió cumplir. Somos todos testigos de que cientos de millones de dólares han sido dilapidados por mala gestión, dirigidos a inversiones que estaban dirigidas a fracasar desde un principio, premiando además al responsable de tal desastre con un subsidio, con argumentos que no resisten el menor análisis y son un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Si hubiera ocurrido en la actividad privada, el responsable hubiera terminado en la calle, embargado, sin un peso o preso si válgame Dios no liquidó o pagó bien sus impuestos.

Si esa brutal cantidad de dinero hubiera sido dirigido a todas las causas nobles destinadas a favorecer a los débiles -tal cual fue el caballito de batalla del Frente Amplio en su campaña política -muy distinta habría sido la suerte de estos compatriotas que a final de cuentas siguen estando en la misma situación de desamparo.

La realidad es que vemos gente común que trabaja con esmero para mantener a sus hijos y recibe del gobierno unos pocos cientos de pesos como asignación familiar, cuando hay muchos otros que por disposición del gobierno anterior reciben el doble o el triple y ni siquiera cumplen con la obligación de mandar sus hijos a la escuela pública.

Tengamos la seguridad de que los uruguayos tenemos una conciencia colectiva de aprobación a causas benéficas de apoyo a niños, ancianos, discapacitados y muchas otras más dirigidas al mismo fin, siendo nuestro deber exigir a nuestros gobernantes garantías de que dichas políticas se agreguen en sus bases programáticas para el tiempo electoral próximo.
Y que no nos hagan el cuento de que no hay fondos suficientes para eso, pues somos todos testigos de que la plata apareció rápida, milagrosa y convenientemente, para cubrir la mala imagen y los agujeros que dejaron gestiones ineficientes de elegidos por el partido de gobierno. Con más razón y por estricta justicia, también deben dirigirse fondos a estas causas solidarias, por respeto al pueblo que los eligió para gobernarlos.