@|Llama poderosamente la atención, la inaceptable confusión que queda de manifiesto cuando se contraponen aspectos que hacen nada menos que a los principios democráticos y republicanos que rigen nuestro ordenamiento jurídico institucional.

Desde sus orígenes hasta el presente, nuestro Estado, la República Oriental del Uruguay, es por mandato de nuestros constituyentes, “la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio”, en consecuencia, somos cada uno de nosotros depositarios de la soberanía que “radica en la Nación”. Jamás será patrimonio de persona o familia alguna.
Es más, todos los funcionarios públicos desde el más simple al más encumbrado, están al “servicio de la Nación y no de una fracción política”, no obstante la tentación de utilizar los bienes o los medios de difusión que pertenecen al Estado, que conformamos todos, es muy grande.

Pero no debe ser aceptada pacíficamente, ya que esos bienes y/o medios deben estar al servicio de “la Nación” y no del partido político que conforma el gobierno.

Por ello tal vez, sea bueno insistir en la vigencia de estos mandatos constitucionales, principalmente para las nuevas generaciones, para que sepan distinguir los conceptos de “Estado” del concepto de “Gobierno” y que bien instruidos cívicamente, resulten celosos guardianes de las normas que regulan procederes, que hacen nada menos que a la institucionalidad republicana.

Porque muy lejos debiéramos estar de aquellos absolutismos monárquicos que confundían ambos conceptos, y que en la despótica frase atribuida a Luis XIV: “el Estado soy yo”, sintetizaba como nadie, esa lamentable confusión. Allí todo se confundía, no existía la separación de poderes del Estado y daba lo mismo el tesoro personal del monarca que el contenido en las arcas públicas.

Muchos acontecimientos y ríos de sangre y tinta nos separan de aquellos tiempos, sin embargo, tal vez por obra de la naturaleza humana, la soberbia tentación a desconocer las normas es muy grande y la impunidad con que las violentan también.

No es posible que la página web de la Presidencia de la República haya sido en estos días, el medio utilizado por el Ministro de Economía para contestarle a un candidato de la oposición en este año electoral. Pues si una de sus funciones es hacer cumplir la Constitución y las leyes, el miembro del Poder Ejecutivo debiera ser el primero en respetar esa normativa.
No es aceptable que se utilice este medio para criticar el programa político económico de un presidenciable opositor, pues ello atenta contra esa institucionalidad que todos debiéramos respetar, aunque claro, no es la primera vez que ocurre. Recordemos que el colono que increpó al Sr. Presidente de la República en violento incidente ocurrido en las puertas del Ministerio de Ganadería, también se vio alcanzado por funcionarios del gobierno que desde las oficinas estatales y para desmerecer su credibilidad, inmediatamente lo “incendiaron” haciendo públicos sus “antecedentes” en la misma web oficial.

Es evidente… no queda otra que, “vernos en las urnas”.