@|Las Comisiones Administradoras del Río Uruguy y del Río de la Plata fueron creadas con el propósito de que ambos ribereños, encontraran allí el lugar propicio para dialogar, resolver diferencias, evitar fricciones, efectuar estudios y tomar medidas conducentes a resolver distintos problemas comunes en el curso fluvial o espacio marítimo que comparten.

Obtener a través de ellas una vía de comunicación rápida y expeditiva entre autoridades de ambos Países, evitando procedimientos lentos y engorrosos que deben seguirse normalmente cuando se trata de contacto entre Estados.

Cada Delegación recibe de sus autoridades nacionales, iniciativas o inquietudes de diversas materias relacionadas con el ámbito geográfico de su competencia, y mediante la Comisión, proceden al enlace con su similar del otro Estado.

No son pues las Delegaciones quienes desarrollan proyectos, son los organismos del Estado competentes para encararlos como parte del Poder Ejecutivo.

O sea, las Delegaciones en la Comisión, cursan o presentan, lo que reciben como directiva emanada del Poder Ejecutivo, pero no, suplantan ni proceden directamente como si fueran titulares de esas competencias.

A partir de 1986 este proceder, fue desatendido, dando paso, en forma creciente en los años siguientes, a una mal entendida independencia de actuación de las delegaciones, como si actuaran dentro de Organismos supra nacionales.

A la fecha, las Delegaciones uruguayas, no reconocen su procedencia, respondiendo al pedido de informes, que no dependen de Uruguay, sino de CARP o CARU, comisiones internacionales, diferentes, con inmunidades que le separan de sus países de origen.

Al actuar como tal, se deja de lado el concepto de lugar de encuentro de dos naciones, para atender problemas comunes que tramitan autoridades nacionales de las Partes, siguiendo las directivas de sus respectivos Gobiernos, no de sus pareceres personales.

De ese concepto mal entendido de autogestión se procede tipo espejo.

Si una Delegación, cambia p.e. los vehículos, la otra procede igual.

Las remuneraciones de los delegados de ambos países deben ser iguales, y auto fijadas, así como designaciones de personal en forma conjunta, sin disposición o consulta a la autoridad correspondiente del país, con lo cual se ha llegado a cifras inusuales y con remuneraciones diferentes a las de la administración pública.

En el entendido que tienen actuación independiente, es que se han desligado de las distintas Secretarias de Estado, Entes, y demás, creando dependencias propias, tomando competencias, absorbiendo costos, creando cargos, etc. que operan por disposición CARP y CARU, suplantando en los ríos a las autoridades con competencia de Estado.

Todo este manejo irregular, se desarrolla mediante la aplicación directa de manejo de fondos provenientes de recaudaciones de peajes. De partidas para funcionamiento, remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pasó a tomar para sí recaudaciones, de bienes del Estado, como son el Canal de Martin García y los puentes del Río Uruguay.

El disloque ha llevado a usos y costos más allá de lo primariamente previsto, lo que exige una investigación y calificación de esos movimientos económicos.

Caru, ha adquirido una media docena de embarcaciones, destinadas a hidrografía, cuando por disposición del Estado, esas competencias corresponden a MTOP Y SHOMA. A investigaciones pesqueras, suplantando a Dinara.

El destino de las recaudaciones de los peajes, parece no corresponder a que den destino las Delegaciones, sino su remisión a MTOP por lo menos, como anteriormente se hacía. Se trata de cifras anuales millonarias en dólares.

Los presupuestos de salarios e inversiones, merecen un control especial. Delegados a 8500 dólares, técnicos a 7700, personal de servicio A 5000, oficina de peajes de menos de 30 boletas al mes 10.000. Hasta un vivero!! Secretarias de secretarias!!

Esto ya ha sido reiteradamente denunciado, sin más respuesta que no habrá revisión según el Canciller. Pero tampoco se conoce reacción de parlamentarios.

Del recreo ya no hablamos más.