@|Durante la administración Bonomi se instaló el debate sobre la utilidad de permitir celulares en las cárceles.

Una de las visiones afirmaba que la escucha de llamadas permitía llegar hasta niveles más altos de la cadena del narcotráfico.

Sin embargo, en nuestra práctica laboral cercana al sistema, vemos todos los días el uso del celular con fines delictivos.

Es obvio que muchos cuadros bajos e intermedios del narcotráfico siguen operando desde las cárceles.

La pandemia que sufrimos de estafas telefónicas a ancianas, tiene su origen, muchas veces, dentro de la cárcel. Es cotidiano y más grave aún, escuchar relatos de madres a quien llaman desde la cárcel donde está preso un hijo, para decirle que éste tiene una deuda por droga y que si no deposita dinero en una red de cobranza su hijo morirá. O reclusos que le piden a sus familiares que nos los visiten porque le ponen un corte en el cuello y le dicen que si no regresa de la visita con el celular cargado de datos, lo matarán.

Ese cobro de seguridad a cambio de datos, estilo mafioso, es uno de los principales motivos de violencia en nuestras cárceles.

Es hora de rever esa política. Quizás la policía haga una evaluación sesgada y vean solamente el éxito de las escuchas y no están viendo este fenómeno que ataca al más débil del sistema.