@|Cuando se propuso el nuevo Código General del Proceso Penal, el mundo político fue tibio en sus reacciones. Pudo parecer que haya actuado con insensibilidad o hasta inocencia. No lo sé, tal vez haya sido esto último.
No voy a defenderlos porque sí. Pero los entiendo. Les vendieron el perfil garantista que ofrecía la reforma. El reo tendría ahora mejores posibilidades de ser juzgado con menos margen de error frente a la injusticia.

Pero detrás de esta real iniciativa garantista, el fiscal Jorge Díaz (promotor del nuevo régimen) se aseguraba un mayor protagonismo y control del funcionamiento judicial penal del país. Para decirlo de otro modo, el Poder Judicial ya no estaría 100 por ciento manejado por la Suprema Corte de Justicia. Al menos la materia Penal, tan cara al derecho de libertad de las personas, so pretexto de aggiornar su proceso y mejorarlo, se lo “arreó” y luego “manió” arrimándolo un poquito más hacia el control del Poder Ejecutivo. Ahora la Fiscalía de la Nación concentrará una mayor cuota de poder y recae sobre su responsabilidad la persecución del delito y el preparar la acusación y hasta negociar con la defensa del reo las condenas a ser pedidas al juez. Este último no pierde sus potestades pero por el principio de congruencia está atado al caso “prearmado” y digerido por el Fiscal.

En la práctica ya hemos visto en Durazno como se pactó, con delincuentes que robaron, su libertad a cambio de la devolución en cuotas del daño ocasionado. Un ejemplo menor si se quiere y que puede controvertirse. Pero habrá más casos y más controversiales aún.

Respecto a la corrupción detectada en el caso Alur, el fiscal Pacheco señala que el Sr. De León incurrió en conductas contrarias “al principio de probidad” por una “despreocupada administración de los dineros públicos”, pero se recurre a la lógica de la pertenencia del régimen de Alur al derecho privado. Y como no hay tipificación perfecta para este caso, para el Fiscal Pacheco, no hubo delito. O sea que De León presidía una empresa que en el 90 por ciento de su sustento económico financiero dependía del Estado pero él no era funcionario público ni le obliga el derecho público. De locos, “cosas veredes Sancho”.

El Fiscal Pacheco y su lógica exigiría que el mismo De León hubiera redactado una reglamentación en su momento sobre transparencia en sus propios actos. También de locos. Es como pedirle al zorro que vigile al gallinero. De lo contrario —según esta lógica—nadie podría exigirle transparencia en el manejo de fondos que nos pertenecen a todos. Claro que comprendo al fiscal Pacheco y sus dudas; pero no puedo avalar que su lógica consagre un insólito estatuto nuevo: El de la impunidad de quien él mismo, la Jutep y el país todo considera que no actuó con honestidad.

La Fiscalía y sus nuevos poderes, por otra parte, han venido a dejar casi sin un pie al trípode de Montesquieu. Se persiguen los delitos que ellos quieran perseguir. Ese es el mensaje que se va insinuando.

Nosotros, los republicanos, los hombres y mujeres que hemos construido con aciertos y errores este tiempo democrático post dictadura estamos horrorizados. En los casos de Raúl Sendic y De León, imaginamos que deberían estar en otro lugar.

No puedo creer que con Pluna vaciada, Ancap fundida, ASSE corrompida y ALUR enchastrada de lodo, los últimos culpados y presos por corrupción hayan sido los hermanos Peirano.

A estos no los defiendo. Por el contrario, aplaudo que por su manejo ilegal de fondos ajenos hayan pagado con cárcel. Pero pasado ya muchos años y comparados con personas que organizaron un remate trucho de aviones para favorecer a un tercero, gentes que fundieron una petrolera estatal con sospechas de todo tipo de sobreprecio en licitaciones y con manejo turbio de tarjetas corporativas. Comparados con estos nuevos ejemplos del engaño y la inmoralidad me vienen ganas de recordar a los Peirano hasta con un dejo de nostalgia. Me pasa algo parecido cuando recuerdo a los pungas de los ómnibus capitalinos frente a los “ñerichorros” de las motos de hoy. Aquellos eran “bebés de pecho” al lado de estos.

Todo cambió y por lo que se está percibiendo, cambió para peor. Montesquieu está en peligro en este paisito. Tras las promesas garantistas del Dr. Diaz (que no dudo pueden estar bien inspiradas) el futuro puede demostrar que la reforma del citado Código pueda traer aparejado un manto gris de sospecha de impunidad para corruptos y malandrines. Eso sería trágico para esta República.

La corrupción punida en Uruguay terminó con los Peirano.

Hoy por hoy nuestra democracia “progre” se está sustentado en 2 poderes del Estado y aún no nos hemos dado cuenta. O mejor dicho, nos acabamos de dar cuenta con el affaire De León.