Prueba y error

@|Las entidades públicas bancarias y financieras, como el Banco de la República (“el banco país”) tienen su razón de ser en la medida que sirvan al cometido previsto desde su creación, y desarrollen sus actividades teniendo por objetivo el interés general. 

El legislador previó un sin número de leyes que integran el Derecho Público, para regular su buen y correcto funcionamiento, sometidos a contralores constitucionales y legales, ya que investidas de potestades públicas, manejan fondos públicos y con su participación en el mercado nacional, inciden y cómo en la vida de la República, desde el ahorro más elemental a interactuar en negocios con el exterior, financiar emprendimientos e impulsar el desarrollo e intervienen cotidianamente en la vida de los habitantes de este suelo, desde el cobro de pasividades al otorgamiento de préstamos al consumo. 

Un universo de actividades, de las más sencillas a las más complejas, pero que en suma, hacen nada menos que al “bolsillo de la gente”, cuestión nada menor por cierto. 

Un Directorio compuesto por representantes del gobierno y de la oposición, dirigen sus destinos en la cúspide de un entramado burocrático gerencial, que cubre todos los negocios y servicios que presta. 

Suponemos que debe haber sido muy válida la razón para resolver el cambio de sistema informático de tamaña entidad, con las consecuencias que ello conlleva, y suponemos también que deben haber sido muy poderosas y fundadas las razones para tomar tal decisión administrativa. Lo cierto es que a partir del 16 de julio, la puesta en práctica de dicha modificación ha sido un verdadero caos, se han constatado errores, algunos de ellos muy graves y no sólo los usuarios sino también los propios trabajadores sindicalizados, han coincidido en señalar que se está trabajando “a ensayo y error”. Algo ciertamente inadmisible, cuando al parecer, hace ocho meses que se vienen implementando cursos para poder aplicar las modificaciones sin problemas. 

Ello ha provocado la suspensión de algunos servicios en determinadas horas, como la limitación del horario de atención al público. Si a esto le sumamos la pérdida de tiempo en trámites farragosos e interminables, el resultado obtenido no puede ser peor. Y los cajeros (cuando uno accede a los mismos luego de largas esperas) o los ejecutivos de cuenta, tampoco están ni mínimamente preparados para dar explicaciones o contener a los clientes usuarios que, los ven como representantes de una institución que no les está brindando el servicio que debiera, manifiestan que “ni pinchan ni cortan, que solo reciben órdenes y que cualquier queja debe hacerse en la gerencia”. 

¿Cuánto ha costado la puesta en práctica de este cambio de sistema operativo y de numeración de cuentas? ¿Era realmente necesario en favor del interés general? ¿Cuánto han costado los cursos a que hicimos referencia? ¿Cuánto costará la adecuación y solución de errores? ¿Es que nadie asumirá sus responsabilidades? ¿Alguien se habrá tomado el trabajo de estimar el costo de la pérdida de horas de actividad que supone hacer en tres horas, operaciones de transferencias de dinero que antes se resolvían en 15 minutos?