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Caja Bancaria


@|En reiteradas oportunidades a partir de abril pasado, se ha intentado infructuosamente obtener respuesta de parte de la Caja Bancaria, de las siguientes informaciones relacionadas con la Memoria y Balance de 2017:
¿En qué lugar de la página web se puede acceder a la proyección actuarial 2017 mencionada en los comentarios de la Memoria? 

A pesar del “ininterrumpido superávit del fondo jubilatorio”, ¿por qué razón la relación exigida por el Art. 32 de la Ley desciende de 43,90% a 43,25%? 

Si se afirma que la reducción del impuesto no comenzaría en 2019, ¿cuándo se prevé que dé comienzo dicho proceso? 

No se logra identificar comentarios sobre el déficit del resultado integral del ejercicio. 

¿De qué forma se puede llegar a saber qué cantidad de jubilados y pensionistas tributan el impuesto creado por el Art. 31 de la Ley N° 18.396?
Reiteradamente la Caja ha respondido exactamente lo mismo “Por la presente cúmplenos informarle que toda la documentación disponible es la que luce en la página web del Instituto y la que se informará en los próximos días en cumplimiento del art. 22 de la ley 18.396”. Es decir, “nada para comentar”. 

No es de recibo que se escude la Caja en la hipótesis que la información es reservada o confidencial.  

Sobre este punto, caben dos comentarios. Por un lado no sería de recibo ampararse en calificar como confidencial la información solicitada, habida cuenta que, por ejemplo, el mensaje de la Caja del pasado 25 de abril, relacionado con el resultado de las inversiones (Art. 22 Ley 18.396) afirma tener carácter confidencial. 

Por otro lado, esa misma información está disponible en la página web de la Caja, sin ningún tipo de restricción para su acceso por parte de terceros. Tampoco puede aducirse que las informaciones solicitadas puedan afectar la solidez o estructura de la Caja, ya que las mismas sólo apuntan a obtener datos que permitan entender más cabalmente la gestión del Instituto incluyendo sus resultados. 

Por otro lado, la Caja no puede arrogarse la potestad de considerarse la única y exclusiva dueña de toda la información, siendo que ésta es de copropiedad de todas las partes que, según la Ley N° 18.396, de una u otra manera son los pilares de su supervivencia, es decir: las Instituciones Financieras (Arts. 25, 26, 27 y 28), el Estado (Art. 34), los afiliados activos (Art. 23), los afiliados pasivos (Arts. 31 y 32), y en su medida los propios funcionarios de la Caja. 

Pero existen dos datos más preocupantes: el ejercicio 2017 cerró con un resultado negativo de $ 379.9 millones y la gestión del Instituto enero/junio 2018 registra un déficit de $ 365,5 millones (US$ 12 millones).
Esencialmente la mayor diferencia es provocada por el menor aporte de los ingresos operativos frente a los egresos por las pasividades.  

La pregunta adicional a las antes formuladas, cuya respuesta nunca fue cabalmente brindada, es saber qué medidas está adoptando o tiene en estudio adoptar la Caja, para revertir los antedichos resultados negativos.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que se encuentra en proceso la recolección de firmas, para su sometimiento a la voluntad del electorado en octubre de 2019, que de obtener las mayorías exigidas por la Constitución, llevará a la eliminación del IASS y del impuesto creado por el Art. 31 de la Ley N° 18.396. Este último gravamen y su antecesor (Ley N° 17.841) le permitieron a la Caja recaudar un total de $ 11.140 millones en el período 2007/2017. Cabe agregar que el impuesto creado por la Ley N° 18.396 no es tributado por los pasivos ingresados a esta categoría a partir de enero de 2009.

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