@|Una reciente encuesta calcula que en el país habitan unos 310.000 pobres, algo así como el 8% de nuestra población.

Números fríos que le indican a la sociedad que a pesar del considerable esfuerzo económico aportado al BPS y al Mides, no se ha logrado aplacar este desequilibrio social.

Numerosas las causas que provocan que una persona o una familia se encuentre en esa situación: a) pérdida de trabajo, b) problemas de salud, c) desarreglos mentales, d) consumo de drogas, etc.

Ahora, se agrega abruptamente el congelamiento de actividades laborales, sociales, económicas derivadas del aislamiento/confinamiento necesario para combatir la propagación del Covid19.

El recientemente asumido gobierno, aún en proceso de instalación, ha tomado con determinación y coraje las medidas que los técnicos sanitarios aconsejaron. A los doce días de haber asumido y cuando se estaban estableciendo en sus nuevos lugares de trabajo y llovían críticas a los procedimientos policiales o a la ley de urgente consideración, hubo que abocarse al combate frontal al coronavirus. Y en los veinte días siguientes hemos visto dedicación absoluta del Secretario y Prosecretario de la Presidencia, de los Ministros de Salud Pública, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, y Trabajo, todos bajo la lupa del Presidente de la República.

La detención de actividades de la mayoría de los sectores de actividad repercute sobre la economía y finanzas de muchos hogares. La emergencia sanitaria castiga primero a la actividad privada – basta ver el colosal aumento de las solicitudes de seguro de paro – pero a la postre recae sobre las arcas del Estado en doble medida, caída de recaudación y aumento del gasto. Al recibir de la Administración Vázquez un déficit presupuestal del 5% del producto, los márgenes de maniobra son acotados.

El gobierno ha actuado con mesura y atendiendo a los más vulnerables. Los reclamos de diversos sectores se multiplican, en muchos casos justificadamente.

La oposición, que hasta hace un mes gobernaba y la central sindical ¡casualmente! coinciden en que las medidas son insuficientes y se le debería otorgar salarios mínimos por tres meses a unos 320.000 afectados.
Proponen desembolsar con ese fin créditos de organismos internacionales ya aprobados. Omiten mencionar que los créditos estaban para tapar el agujero fiscal que ellos dejaron. Más aún, los créditos generan intereses que con las amortizaciones correspondientes deberemos pagar los uruguayos, principalmente el sector privado a través de impuestos y otras vías de recaudación. Mínimamente, y en gestos solidarios reales, se debería proponer cómo se financiarán fuera de un mayor endeudamiento, como por ejemplo donaciones de parte de cuotas sindicales, contribuciones de recursos impuestos a afiliados de partidos políticos, etc.

Por favor, cambien el estribillo usado durante los últimos quince años de hacer que paguen más los que tienen más – cuando en realidad fue a los que ganan más – y que la tremenda recaudación que obtuvieron la utilizaban para ayudar a los más pobres, cuando en realidad lo hacían para usarlos como excusa para crear más de 50.000 nuevos empleos públicos, otorgar jubilaciones de privilegio a sus camaradas políticos, despilfarrar los dineros públicos en proyectos utópicos e innecesarios.