@|A menos de tres meses de instalado el nuevo gobierno electo en noviembre del año pasado -tal como fuera prometido en la campaña electoral- y sin que se haya hecho en profundidad aún una auditoría en el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) ya han comenzado a surgir elementos significativos que confirman el ligero manejo de la cosa pública y con ello, queda al descubierto inicialmente cuando menos, la falta de controles en la administración de los dineros públicos.

Este Ministerio que integra el Poder Ejecutivo, fue creado en el primer gobierno del Frente Amplio por una Ley de Urgencia la No. 17.866 el 21 de marzo de 2005, siendo designada la Maestra Marina Arismendi como primer titular de esa cartera.

Tuvo en su origen, la finalidad de atender las situaciones de emergencia social derivada de los efectos de la llamada “crisis del 2002”, estableciéndose entre sus atribuciones la de proponer, generar y accionar políticas nacionales en materia de desarrollo social y hacer frente a la emergencia social existente en ese momento en el Uruguay.

Bueno es recordar también que, ya desde el año 2003, el gobierno del Dr. Jorge Batlle con su formidable equipo de asesores en materia económica y financiera, habían logrado encauzar nuevamente al país en el camino del crecimiento, pudiendo además, efectuar la transición del poder en marzo del 2005 “con las cuentas en orden”.

En los últimos quince años, las administraciones frentistas –contando con mayorías absolutas en ambas cámaras del Poder Legislativo- hicieron y deshicieron a su antojo los planes y políticas aplicables con una enorme cantidad de ONG (organizaciones no gubernamentales, no auditadas por el Tribunal de Cuentas) que dispusieron de ingentes recursos para funcionar en todo el territorio nacional.

Ha tomado estado público el incumplimiento de pago de alquileres a los propietarios de los inmuebles que ocupaban u ocupan por parte de muchas de esas ONG (del orden de los diez millones de pesos), alquileres garantizados por el Ministerio de Vivienda.

Sin control alguno, el MIDES vertía los importes por concepto de ese rubro a las ONG, éstas no pagaban y los propietarios reclamaban a la garantía, que asumía nuevamente la erogación de esas rentas.

En más de una oportunidad las regimentadas mayorías frentistas, bloquearon comisiones investigadoras en el Parlamento. Las investigaciones y auditorías que recién comienzan, habrán de profundizarse “hasta el hueso”; éstas demostrarán cuál era el destino de esos dineros y seguramente tendrán que realizarse las denuncias penales que correspondan.

La ligereza en el manejo de la “cosa pública” ha quedado al desnudo. Seguramente saldrán a luz muchas otras irregularidades en la administración, cuidado y destino de los recursos que aportamos todos los uruguayos.

Aquel mentado “sueño del pibe” a que aludiera la primer titular de este Ministerio, podrá transformarse en una pesadilla, que ha costado mucho al Erario Público (esto es al bolsillo de todos los contribuyentes) y alguien tendrá que asumir de una vez por todas las responsabilidades de sus actos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad en lo que fue este despilfarro, que lamentablemente no solucionó ni por asomo la situación de pobreza de muchísimos uruguayos. Quienes lejos de mejorar su situación, siguen siendo dependientes del auxilio estatal.

Alejados de lograr su integración social, se presentan como un grupo de comensales que sólo reclaman ser proveídos, por planes de contingencia que parecen no tener fin, sin haber podido contar siquiera (en tiempos de extraordinaria bonanza económica) con una educación pública de calidad, que les hubiera permitido ubicarse en un mercado laboral que hoy les cierra sus puertas y empuja a mantenerse en la informalidad.