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Atentado a la libertad

Regulación del voluntariado social


@| Con el pretexto de la defensa del trabajador y de evitar relaciones laborales encubiertas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha impulsado un proyecto de ley que pretende regular el voluntariado social. Al mejor estilo de sistemas totalitarios, donde nada puede quedar fuera de la regulación, el proyecto dedica más artículos a la regulación, registro, seguro y contralor que a promover el voluntariado social en sí mismo. Cual pulpo que todo lo alcanza, se pretenden establecer nuevos y más finos controles, ahora a cargo de este Ministerio, para que no quede resquicio alguno de intimidad en quienes brindan sus conocimientos, recursos y por sobre todo su tiempo, en beneficio de personas o instituciones que más los necesitan, incluso obligando al voluntario a salir de su libérrimo anonimato, al tener que registrarse como tal, estableciendo en caso contrario, una presunción de relación laboral con consecuencias muy ajenas a las que motivaran seguramente su deseo de involucrarse socialmente y comprometerse con una actividad filantrópica. Sea ésta religiosa o no, llevando incluso la exigencia a aquellos miembros de iglesias de todas las religiones que nuestro Estado laico permite que existan, a tener que inscribirse o asegurarse como voluntarios.  

Sin sentido común alguno, lejos de promover el voluntariado social o estimularlo, esta regulación legislativa que se promueve, atenta flagrantemente contra el compromiso social o religioso y en suma contra la libertad de las personas, que no tienen por qué brindar sus datos a ningún registro ministerial para poder realizar las tareas que sin presión de ningún tipo y sólo por el llamado de su conciencia individual o por su fe, están impulsados a realizar. Resulta una innecesaria e impertinente iniciativa, motivada quizá en una atávica desconfianza, que lejos de promover y de reconocer los tremendos aportes que miembros de un sin número de asociaciones de beneficencia, religiosas o de asistencia social realizan, restringe, ahoga y desestimula la liberalidad de aquellos ciudadanos que se comprometen socialmente con una causa en favor de otros.  

Y vaya si es dañina tal actitud reguladora, que en tiempos donde campea el individualismo más desembozado, parece desconocerse el enorme aporte de tantas horas-hombre brindadas desinteresadamente, sin contraprestación alguna, en actividades que muchas veces debieran ser cubiertas por organismos estatales con su burocracia rentada y presupuesto. Ahora se pretende que deba justificarse la liberal participación en todas y cada una de las asociaciones religiosas o de servicio de las que se forma parte.

No parece un proyecto de ley democrático, ni menos republicano, pues coarta la libertad individual y obstaculiza con requisitos, controles y registros, a quienes pueden disponer de su tiempo y bienes, en favor de aquellos menos favorecidos. Simplemente inadmisible. Si lo que se pretende es proteger al trabajador y evitar relaciones laborales encubiertas, nada debió regularse, ya que será resorte de un juez o tribunal especializado en derecho laboral, establecer en caso de conflicto, si se configuran o no los requisitos de una relación de dependencia.

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