@|No cabe duda que ha primado la sensatez política en el hecho de que las modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) hayan quedado finalmente descartadas en el camino de la polémica Ley de Urgente Consideración.

Siempre mirando el vaso lleno, el tema de las Áreas Protegidas (APs) salió a la luz pública como nunca antes se ha visto en la historia reciente de nuestro país y quedó ya instalado en la agenda pública. Esto configura la tormenta perfecta para que podamos construir, de manera colectiva, a través del diálogo multisectorial y los consensos mínimos, aquellas propuestas de acción necesarias para fortalecer el SNAP y que esto se traduzca en mejor gestión y muchas más hectáreas bajo protección.

Para eso, necesitamos partir por replantearnos cuál es el valor de las APs para el desarrollo de nuestro país y responder a preguntas estructurales como por ejemplo: ¿cuáles son los incentivos y compensaciones necesarias para avanzar en protección oficial sobre terrenos privados?

Otro de los temas críticos tiene que ver con lograr afianzar una buena gobernanza para el SNAP, con foco en la mejora continua de aquellos procesos y relaciones que determinan cómo se lleva a cabo el manejo sobre una determinada área; cómo se toman las decisiones; cuáles son las relaciones y articulaciones entre los actores e interesados directos; cómo se rinden cuentas, y a quién.

La oportunidad de transformación es única.

El desafío que tenemos por delante es integrar a las Áreas Protegidas en la ecuación de desarrollo del Uruguay, como uno de los ejes de reactivación sostenible.