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Allanamientos nocturnos


@|La consagración del hogar como un recinto sagrado e inviolable, figura en nuestro ordenamiento jurídico constitucional desde la Constitución de 1830; y con algunas modificaciones, se ha mantenido por los constituyentes en las sucesivas reformas de nuestra Ley Fundamental a partir de 1918 y hasta nuestros días.

A pesar de parecer como “anacrónica”, esta garantía que está plasmada en el artículo 11 de la Sección II de nuestra Carta Magna, tiene tal arraigo, que muchos se oponen a su modificación y están dispuestos a “dar batalla” porque se mantenga a toda costa que el ingreso al mismo en horas de la noche sólo podrá darse con “consentimiento de su jefe” y de día, solo con “orden expresa de Juez competente”.

Esta norma constitucional de tan larga data en nuestro país, refleja nada menos que la inviolabilidad del micro mundo que se desenvuelve en cada universo hogareño y de la protección del hogar “del ciudadano” que recogía el legislador de 1830, se pasó a la norma omnicomprensiva que comprende genéricamente al “hogar”. Todo ello en una sociedad que, sin lugar a dudas, se ha visto harto modificada en los últimos veinticinco años.

Basta con observar la propia integración de las familias (donde se ha desdibujado hasta la condición de “jefe”), sino fundamentalmente por el tremendo flagelo de la droga y todo lo que ello implica.

El surgimiento de las “bocas de pasta base” que se instalan en esos “hogares”, ha hecho que muy poco tengan ya que ver con los que originalmente quiso proteger nuestro constituyente. Lamentablemente, el entramado que conforma este tipo de actividades delictivas, compromete a más de un integrante de esas “familias” y no sólo a su “jefe”, sin distinción de género.

Estos delincuentes hasta “marcan” sus territorios de provisión, fraccionamiento y venta de sustancias alucinógenas de distinto tipo y pureza, mueven mucho dinero y el horario nocturno les brinda esta “protección” extra de la “inviolabilidad” del “hogar” donde operan.
La fundada sospecha de la existencia de este tipo de actividades, impone dar inmediata cuenta a la Justicia a fin que el “Juez competente” libre la orden de allanamiento, lo que supone se respeten las garantías de todos en un Estado de Derecho; no obstante, el proyecto de Ley que busca la necesaria reforma constitucional del mencionado artículo 11, debe contar con la mayoría especial de 2/3 de votos de legisladores, lo que supone la necesidad de contar con votos ajenos a la coalición de gobierno.

Será posteriormente el Soberano en un Plebiscito a cumplirse en la instancia electoral más próxima, quien ratifique o no esa reforma. La realidad debe imponerse, sin que ello implique alentar abusos por parte de las autoridades encargadas de luchar contra este tipo de delitos. La tecnología actual disponible permite registrar como nunca antes, imágenes y sonidos de todos y cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo.

Mezquinos intereses políticos debieran dejarse de lado al momento de considerar esta modificación de la norma constitucional que ya resulta obsoleta y ha sido superada por los cambios operados en la sociedad en que vivimos.

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