@|El nivel de polución que presenta el río Matanza-Riachuelo desde hace muchas décadas, lo hace tristemente célebre por ser considerado uno de los más contaminados del mundo, literalmente “una cloaca a cielo abierto”.

Sus aguas, que conforman la cuenca del mismo nombre, desembocan en el Río de la Plata y por esa razón (y por el Tratado de Límites del Río de la Plata) la CARP, “Comisión Administradora del Río de la Plata”, debe tener naturalmente injerencia en la materia. Pues son los dos Estados ribereños los que deben preservar las aguas y con ello, el medio ambiente del “río ancho como mar”.

Al parecer, desde el año 2001, la Argentina hizo saber a nuestro país que necesitaba encontrar una solución a la disposición final de las aguas cloacales que producen más de seis millones de habitantes de Buenos Aires, la gran capital latinoamericana. Pero no fue hasta el año 2009, en que se dio “el visto bueno” a la mega obra del emisor sub acuático que enviaría aguas adentro del Río de la Plata todo ese volumen contaminado, con un “tratamiento previo” de sus componentes sólidos. Fue con la aquiescencia de la DINAMA, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Armada Nacional.

Los representantes uruguayos en dicha Comisión Administradora nada objetaron a que se efectuaran las obras, las que se iniciaron hace más de diez años (y se piensan concluir en el 2022), sin que se tenga noticia de qué monitoreo o estudio se haya hecho de las consecuencias ambientales que tendría ese vertimiento en aguas territoriales de los dos países. Obsérvese que, tamaño volumen de metros cúbicos de aguas cloacales se verterían a menos de cuarenta kilómetros de nuestro Departamento de Colonia.

Ello ha motivado el urgente pedido de informes de una legisladora del Partido Colorado y candidata a Intendente de ese departamento, así como la intervención del novísimo Ministerio de Ambiente, porque el impacto ambiental puede llegar a ser muy importante.

Cabe preguntarse qué seguimiento o control del proyecto argentino se hizo desde el año 2009 y si se evaluaron y en qué forma (por las autoridades de entonces) las consecuencias que tal solución -pensada para nuestros vecinos- ocasionaría para nuestro medio ambiente y para nuestras costas.

Lo cierto es que, la construcción del emisor sub acuático sigue avanzando y la inversión del Banco Mundial de más de 835 millones de dólares ha significado una de las más grandes de América Latina, complementado por la Argentina, alcanzando su costo los 1.200 millones de dólares.
Tener los informes es más que necesario, más allá de los intereses de la empresa privada argentina que lleva adelante el proyecto denominado “Sistema Riachuelo”.

Ello se impone para resguardar -si es que a esta altura estamos a tiempo- los intereses de nuestro país y su gente.

Es el momento de deslindar responsabilidades de quienes tomaron la decisión de no oponerse a dicha construcción y conocer si se realizaron los estudios técnicos de rigor en la materia, porque según ha trascendido la DINAMA no estaría en posesión de los mismos, lo que confirmaría una especie de “ninguneo” inaceptable.