@|Una estafa al Fondo Nacional de Salud descubierta en el año 2017, dejó al desnudo una maniobra delictiva por la cual en seis años, se habrían logrado unas 30.000 afiliaciones irregulares, las que significaron una pérdida de más de cuatro millones de dólares para el sistema de salud.

Ello motivó que se impidiera por las autoridades públicas, el cambio de prestadores de salud a las personas por tres años; manteniéndolas dentro del “corralito mutual”, a la espera de ajustes en la tecnología que permitieran controlar las afiliaciones lucrativas, que han significado en los hechos, afiliaciones irregulares. Y por otro lado, algo no menor, como es la pérdida de libertad en los usuarios de los servicios de salud.

En el pasado mes de Febrero, al “abrirse” el denominado corralito, más de 80.000 personas decidieron cambiarse de “prestador de salud”. Nuestro sistema normativo, desde la propia Constitución Nacional, pretende garantizar a los habitantes de este territorio “retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez”; estableciendo que dichas prestaciones se financiarán por “contribuciones obreras y patronales, así como la asistencia financiera que en caso necesario deberá proporcionar el Estado.

La buena intención del legislador nacional buscó implementar un Sistema Nacional Integrado de Salud, que garantizara a los habitantes residentes en el país una cobertura “equitativa y universal”. Todo ello en base a la complementación público-privada, teniendo como estrategia la atención primaria de la salud, el primer nivel de atención, así como las acciones de promoción, prevención y rehabilitación. Y ello para “todos los habitantes”.
Una legislación tan ambiciosa y universal, supone la creación de un Fondo Público Único y Obligatorio conformado por aportes de empresas públicas y privadas, así como del Estado en lo que tiene que ver con la asignación presupuestal.

El tema que nos ocupa, tiene que ver con los “reembolsos” que se efectúan a los prestadores integrales, tanto públicos como privados, el que toma en cuenta “cápitas” más que personas, y éstas cápitas se ajustan “por riesgo y metas de prestación de servicios, en cada nivel de atención y sus mecanismos de ajustes.

El anuncio de que se “gratificaría” a quienes se cambiaran de mutualistas, fue advertido por inspectores del BPS, detectándose en la calle casos de “intermediación lucrativa”, hecho que tiene consecuencias penales.

En estos días, la Fiscalía ha debido formalizar a promotores que buscaban “afiliadores” para captar nuevos socios, por los que recibirían importantes sumas de dinero. Por lo que el incremento de esas “cápitas” significa para los prestadores de salud, a la hora de recibir los reembolsos.

Las autoridades de la Junta Nacional de Salud, como responsables de autorizar los pagos de las mismas a los prestadores habilitados, deben controlar los padrones de los usuarios, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Debiera predominar ante todo la Libertad y así evitar los “corralitos” que a la postre, mantienen de rehén a la población de usuarios en función de intereses que no son estrictamente suyos.