Una propuesta

En vista de la inoperancia del gobierno y del poder político en lograr un acuerdo para solucionar el tema de la seguridad, que hoy agobia y mata a los uruguayos de a pie, lo cual quedó demostrado en la indiferencia del Ministro Bonomi y su equipo, los cuales se están mofando del pueblo uruguayo al responder con ironías y amparados en la mayoría, hasta con cierto patoterismo.

Es por eso que debemos elaborara un documento con los lineamientos básicos que deben cumplir las políticas de seguridad en el marco de un contexto democrático.

Se trata de un documento que refleje la labor conjunta de distintos actores del ámbito político, de la academia y de la sociedad civil que conformen el Acuerdo de Seguridad Nacional, o sea una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Se parte de la premisa de que las respuestas estatales equivocadas, errantes e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

Debemos conformar un grupo para elaborar el acuerdo para la seguridad en democracia.

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
Las políticas que dicen aplicar, no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado a la población con perder el libre ejercicio y goce de sus derechos.

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica una concepción integral de la seguridad, que permita operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas.
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

El Poder Judicial tiene una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.

Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse porque el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
Es necesario elaborar en forma urgente un acuerdo para la seguridad en democracia.