@|La actitud patotera del sindicato del Gas producida la semana pasada, nos muestra cómo será el futuro laboral en Uruguay, en caso que el FA siga al frente del gobierno.

La resolución sujeta a derecho tomada por el juez actuante, no garantiza que este fallo vuelva a repetirse en casos similares.

Diariamente vemos en sentencias de la justicia penal las divergencias que hay en delitos similares y que llaman la atención, pues parecería que algunos jueces estudiaron en la Facultad de Derecho y otros parecen haber concurrido a la permisiva Facultad de Ciencias Sociales.

Lo inadmisible de este gobierno es que se admite la ocupación de las empresas privadas, pero no de las empresas públicas.

La OIT no reconoce que la ocupación es una extensión del derecho de huelga y considera que eso está atentando contra el derecho al trabajo de los empleados que no acompañan la huelga. A su vez la OIT espera que el gobierno presente un proyecto de ley que regule las ocupaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de la justicia.

El reglamentar las ocupaciones, es algo que planteó UPM previo a decidir la instalación de su segunda planta de producción de celulosa.

Por otro lado, tenemos declaraciones de Fernando Pereira, integrante de la central sindical, quien dijo que si el gobierno se comprometió con UPM, es cosa del gobierno.

Este intento de control obrero, según el Dr. Juan Raso, especialista en derecho laboral y profesor grado 5 de la Universidad de la República, viola derechos constitucionales y de propiedad que se aplicaba en la Rusia de los Soviets.

No tengan duda que esta situación fue fogoneada por Luis Puig diputado del PVP del Frente Amplio, ex dirigente sindical de la Compañía del Gas que se presenta como un revolucionario y proletario, pero que envió a sus hijos a un colegio privado y católico.

Lo que no se dan cuenta con este tipo de acciones, es que Petrobras, propietaria de Montevideo Gas, es una empresa del gobierno brasileño, nuestro segundo mayor socio comercial, cuyo presidente tiene poca paciencia y en vista de esto podría tomar medidas en contra de nuestras exportaciones a su país.

Esta situación ha dado lugar a que Petrobras ponga a la venta todas las estaciones de servicio que posee en Uruguay y dejando al Estado como responsable del suministro del gas de cañería.

Pésima imagen la que está mostrando el Uruguay hacia los inversores, pues queda demostrado que el único poder del Estado que frena estos desbordes es la Justicia, mientras que el gobierno hace la plancha.

En el fondo, lo que está buscando el sindicato es que el gobierno asuma el control de la compañía y de esta manera todo su personal quede presupuestado e inamovible dentro de la plantilla estatal.

Estos desbordes se han producido con anterioridad, pero no con esta gravedad. Recordemos cuando los técnicos de UPM vinieron a Uruguay para hacer una inspección de las vías y a último momento el sindicato de AFE les paralizó el viaje. Lo mismo sucedió cuando Lucía Topolansky y un grupo de invitados quisieron reinaugurar la línea férrea hacia Empalme Olmos y el sindicato del AFE los dejó esperando en la estación.

También tenemos el ejemplo cuando el 26 de agosto de 2015 la Ministra María Julia Muñoz decretó la esencialidad en la enseñanza y a los pocos días tuvo que dar marcha atrás y guardarse el decreto. Eso sí, cuando tiene que ser soberbia y altanera con la oposición saca pecho y se envalentona.

Esto demuestra que si seguimos por este camino terminamos siendo la Cuba Sudamericana. Piense bien cuando vote, no vote incapaces y corruptos amigos de los patoteros.