Ajusticiar a los injustos

@| Los últimos acontecimientos acaecidos en referencia a actos de corrupción en el ejercicio del poder, -nos referimos a Raúl Sendic y a Pablo García Pintos-, demuestran la falta de control de los organismos encargados de la liberación de los fondos. Además de la carencia de ejecutividad del tribunal de cuentas funcional al control de los procesos de inversión pública. En este caso es de considerar las limitaciones de que dispone este tribunal.

Al margen de los dos casos a que hemos hecho mención, da la sensación que la defensa realizada por el mismo Sendic y Garcia Pintos, han sido políticos relevantes pero con muy poca aptitud para el ejercicio de cargos trascendentes. Sendic ante sus incompetencias e irregularidades, título de licenciado, tarjetas corporativas, conformación de nuevas empresas satélites de Ancap y negocios de intermediación petrolera, ha demostrado al pretender defenderse, generar lo contrario o sea hundirse cada vez más y sin levante. Su caso es la demostración, que la elección para cada responsabilidad o cargo ejecutivo, no debe contemplar su apellido, sino las virtudes que adornen la personalidad para fundamentar la elección para ese cargo. En el caso de Pablo García Pintos, escuchar sus declaraciones dio la sensación de alguien que cada vez que emitía una opinión se iba hundiendo cada vez más. Y se llega a la misma conclusión, que para cada cargo de trascendencia en el estado debe existir un postulante que acredite su idoneidad, intelectualidad, moral y ética, pilares que han de defender su compromiso con el estado y la sociedad, en defensa de la gestión y los dineros del pueblo.

Cada acto de corrupción tiene una faceta de contagio, por la cual el ser humano que sea carente de principios probablemente se integre a actividades delictuales desde la observancia que quienes a su lado, desde cargos representativos son corruptos o indolentes, y sin el castigo de la justicia, que es lo que corresponde.

Da la sensación que lo acontecido en Ancap con Sendic, es un caso que debería ser ejemplarizante, por la gravedad de pérdidas económicas en la gestión irregular y por la providencia del gasto de las tarjetas corporativas con una liviandad de compromiso con la empresa, que hace recordar la prudencia que debe ostentar un ciudadano en el manejo de sus tarjetas de crédito personales. Los actos de corrupción deben ser perseguidos, dada la magnitud que sea y ejemplificante desde la máxima jerarquía del gobierno y hasta el último funcionario estatal, obviamente los cargos de confianza y mandos superiores que deben ser ejemplo de austeridad y honestidad republicana.

Estas situaciones se pueden ponderar por el perjuicio ocasionado, pero al margen de las diferencias sustanciales, de las perdidas ocasionados al estado (pueblo), deben ser perseguidas hasta sus últimas consecuencias y castigadas por la justicia sin contemplaciones de ninguna especie y desde el gobierno y o parlamento establecer leyes que sean justas para quienes hacen las cosas bien y no permitir a quienes no son cuidadosos con los bienes del estado, utilicen sus cargos para usufructuar fondos públicos desde la ilegalidad.