Además de la separación de poderes, la existencia del Estado de derecho exige la presencia de los llamados órganos de contralor. Estos conforman estructuras que cumplen la función de poner freno a las tentacio- nes autoritarias del poder político.

Además de la separación de poderes, la existencia del Estado de derecho exige la presencia de los llamados órganos de contralor. Estos conforman estructuras que cumplen la función de poner freno a las tentacio- nes autoritarias del poder político.

En nuestro país, uno de los órganos de contralor es el Tribunal de Cuentas de la República.

Incorporado en la Constitución de 1934, tiene la responsabilidad de controlar la gestión financiera del Estado. En palabras del propio Tribunal su misión es la siguiente: “El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad”

Su desempeño a lo largo de los años ha merecido general consideración; fruto, tanto de la independencia con que tradicionalmente cumplió sus funciones, como del profesionalismo de su cuerpo de funcionarios.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no escapa a la política desarrollada por el Frente Amplio que erosiona la autoridad de los órganos de contralor cuando no le gustan sus resoluciones. Veamos lo sucedido con el asunto del avión presidencial.

A esta altura todos sabemos que la compra del avión no tiene fundamento y es un mal negocio. Desde el avión en sí -viejo y discontinuado-, a la pertinencia de la compra.

¿Un avión para traslados en la región? ¿Para visitar Artigas una vez al año? Por otro lado, el precio: se paga casi tres veces lo que cuesta en el mercado. Y, por último, pero no menos importante: se quiso comprar un avión con nombre y apellido.

El Tribunal de Cuentas oportunamente entendió que era ilegal recurrir a la compra directa.

Luego, cuando el Poder Ejecutivo recurre a la licitación pública para subsanar la observación, dictaminó que el llamado era observable por favorecer a uno de los oferentes.

A esa altura el Poder Ejecutivo debería haber desistido de la compra. Estaba más que claro que la compra era un disparate y que se estaban torciendo las normas para disfrazar de legalidad la operación.

No obstante, “casualmente”, renuncia un ministro e ingresa un suplente dispuesto a cumplir la voluntad del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo interviene la Fiscalía de Gobierno con un dictamen que no solo pretende justificar el accionar gubernamental sino desacreditar el legítimo accionar de los ministros opuestos al negocio y de los funcionarios del Tribunal.

La calidad de la demo- cracia tiene relación directa con la independencia con la que actúan los órganos de contralor y con la transparencia de la gestión de la administración.

La legislación de acceso a la información es un importante avance que se suma a la histórica actuación de los organismos de contralor. Pero, cuando esas instituciones se transforman en meras avaladoras de la voluntad de los decisores políticos, la institucionalidad se va resintiendo y la calidad de la democracia disminuye, ambientando desbordes autoritarios del poder que terminan por vulnerar la libertad y los derechos de los ciudadanos.