Washington Beltrán
Washington Beltrán

Que nadie se entere

La falta de información y de la debida transparencia genera la impunidad. Es muy difícil controlar a alguien cuando directamente no se sabe lo que hace. Y es muy peligroso cuando se trata de empresas públicas que manejan dinero del Estado y ni siquiera deben rendir cuentas.

La falta de información y de la debida transparencia genera la impunidad. Es muy difícil controlar a alguien cuando directamente no se sabe lo que hace. Y es muy peligroso cuando se trata de empresas públicas que manejan dinero del Estado y ni siquiera deben rendir cuentas.

Esa es la situación de aquello que una vez el expresidente Mujica llamó el “estadito paralelo”, lo criticó duramente pero igual se preocupó de multiplicarlo y extenderlo hasta convertirlo en una realidad insoportable para el país, pero muy apta para el clientelismo. Hoy, las sociedades de derecho privado que funcionan en la órbita de las empresas públicas no solo andan por las treinta y pico, sino que han creado hijos y nietos con su mismo ADN. No se sabe cuántas son exactamente, cuántos funcionarios tienen cada una de ellas, qué sueldos reciben, cuántos son sus directores, cuáles son sus retribuciones y beneficios, cuáles son los gastos de esas sociedades anónimas. ¿Dan superávit o trabajan a pérdida? En una palabra, nada: no se sabe nada.

Veamos una lista primaria, sujeta a error u omisión, porque además de ser un espanto desde el punto de vista “demográfico”, la información es bastante complicada, incluye a algunos de sus descendientes y hay cruces entre ellos. Aunque se estima que hay más.

A la cabeza de las empresas públicas está, por goleada, Ancap: la campeona. No hay sorpresas y el trabajo de la comisión investigadora del Senado permitió clarificar un poco -solo un poco- el panorama. Allí están 1) ALUR (muy conocida) y su hija Agroalur SA; 2) Gasoducto Cruz del Sur SA: distribución de gas en Montevideo, Ancap tiene el 20%; 3) Gas Uruguay (Gasur) SA: distribución de supergás, Ancap tiene el 40% y el resto Acodike y Riogas; 4) Conecta SA: distribución de gas en todo el país con excepción de Montevideo, Ancap tiene el 45% y Petrobras el 55%; 5) Pamacor SA: se trata del proyecto de cantera de caliza La Sanducera en Paysandú; 6) Cementos del Plata SA: comercializa cemento clinker y otros productos; 7) Asistencia Técnica y Servicios SA: consultora. Ancap tiene el 99% y el restante 1% es propiedad de Ducsa, hija de Ancap; 8) Gas Sayago SA: la Regasificadora. Ancap, con un 20% es socia de UTE con 80%; 9) Ancsol SA: firma que tiene Ancap en la Argentina; 10) Petrouruguay SA: exploración y producción de gas y petróleo en la Argentina. Ancap tiene un 61,1% de las acciones y su hija Anasol el 38,7%. El restante 0,16% es de la Corporación para el Desarrollo; 11) Carboclor SA: también en Argentina, actualmente en proceso de cierre luego de despedir a más de 120 funcionarios; 12) Ducsa: distribución de combustible en el país. A su vez tiene numerosa descendencia, nietos de Ancap: a) Celemyr SA; b) Winimax SA; c) DBS SA; d) Abigale SA, e) Canopus Uruguay LTDA.

Más discretas, menos numerosas y bastante precisas son las sociedades de Antel y UTE. Antel se maneja con 1) ITC S.A.: consultoría de innovación y tecnología; 2) HG S.A.: asesoramiento en telecomunicaciones; 3) Accesa: servicios de “Contact center”, y 4) Antel USA INC: Oficinas de telecomunicaciones en Miami. Mientras que UTE tiene a 1) ISUR S.A., empresa responsable de la construcción de la estación conversora de frecuencia eléctrica, de gran porte, entre Uruguay y Brasil, desde Melo, Cerro Largo, con Candiota en Río Grande; 2) Areaflin: parques eólicos; 3) Solfiral S.A.: también parques eólicos y 4) Gas Sayago: Regasificadora, 80% UTE. También hay sociedades anónimas en OSE, Banco República, Corporación para el Desarrollo y alguna otra de menor porte.

A instancia del diputado nacionalista por Paysandú, Nicolás Olivera, la Cámara, solo con los votos de la oposición se logró instalar una comisión especial para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado. Olivera estima que entre 2011 y 2013 recibieron fondos públicos por US$ 340 millones y trabajan más de 3.000 funcionarios.

La consigna del silencio y el ocultamiento parecía que iba a imponerse en la aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara Baja. Tres propuestas presentadas por el Partido Nacional en la Comisión habían sido rechazadas por la mayoría frenteamplista. Pero ayer, en la sesión del plenario y en esos vericuetos insondables de la política, las cosas cambiaron y los mismos que habían rechazado aquellas iniciativas en Comisión terminaron dando su voto para acompañar y permitir que se aprobara con el apoyo de todos los partidos el artículo propuesto por el nacionalista Gustavo Penadés. Allí se establece que las sociedades anónimas pertenecientes al Estado, así como las entidades estatales regidas por el derecho privado, serán controladas a partir del año próximo por el Tribunal de Cuentas y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

La norma deberá ser ratificada ahora por el Senado de la República y se espera que así suceda, más allá de que no estaba incorporada en el proyecto remitido por el gobierno al Parlamento. Como dijo Penadés, “es una señal positiva en dirección a poder conocer con exactitud la extensión del Estado” y da la impresión de que por lo menos en esta materia se terminó con la consigna de “que nadie se entere”.

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