Algunos ministros de Estado y dirigentes frenteamplistas repiten la tonta cantarola de que en octubre y noviembre se juega el futuro entre “oligarquía y pueblo”.

Obviamente que, aunque no lo dicen, ellos asumen que son “el pueblo” y el término “oligarquía” se lo endilgan a la oposición, sobre todo al candidato blanco Luis Lacalle Pou. Ese simplismo no es cierto: lo que está en juego en octubre y noviembre es la elección en busca de un gobierno bueno para los uruguayos como oposición a lo que han significado varios gobiernos documentadamente malos.

El Partido Nacional se presenta como la gran alternativa para enfrentar los retos de estos tiempos: un candidato sólido y joven (Lacalle Pou acaba de cumplir 46 años), rodeado de un equipo de primer nivel, que ha trabajado para impulsar un acuerdo nacional y con un programa de gobierno minuciosamente elaborado a lo largo de los últimos años.

Son 178 páginas donde se analizan las causas del fracaso frenteamplista, los problemas que asfixian y ofuscan a los uruguayos y se proponen soluciones. No se pretende refundar el país, son ideas realistas y con mucho sentido común. Veamos algunas de ellas que considero básicas, a efectos de conocer por lo menos, una parte pequeña del camino propuesto:

-Regla fiscal. Es fundamental. El FA ha financiado el déficit fiscal en base a más endeudamiento. El país está hipotecado; o se cambia y se arregla o serán los jóvenes de hoy -incluso los que aún no votan- quienes tendrán que levantar “ese muerto”. El gasto público debe ser ordenado. No se puede seguir gastando más de lo que se tiene. El objetivo es primero desacelerar y después detener y revertir el crecimiento de la deuda pública. Sin aumentar la carga impositiva y tendiendo a mediano plazo hacia una disminución de impuestos.

La regla tendrá un comportamiento contracíclico, de modo que el gasto actúe como un estabilizador de la economía. Esto permitirá mantener las políticas sociales más allá de los vaivenes del ciclo económico.

-Creación de empleo. La base será una fuerte política específica de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Ellas significan el 67% de la mano de obra privada ocupada y aportan casi el 40% del Producto Bruto Interno nacional. El Uruguay como “país de clase media” está fuertemente asociado a la existencia de este sector.

Con el objetivo de dinamizar el mercado interno, acceder a nuevos mercados, generar fuentes genuinas de trabajo, se impulsará una disminución de los costos impositivos a través de un nuevo régimen fiscal, para que cada empresa aporte en relación con lo realmente facturado y con tasas subsidiadas para los contribuyentes de menores ingresos. Se implementará el régimen de facturación electrónica.

Se propone también una “rebaja eléctrica” para las Mipymes, que será gradual de acuerdo a la situación económica y urgencias de la UTE.

A los nuevos emprendedores se les exonerará los aportes jubilatorios patronales de los titulares y empleados durante los primeros 12 meses de actividad y el Estado quedará obligado a pagarles a aquellos proveedores con calidad de Mipymes en un máximo de 60 días.

-Agro. Sigue siendo la locomotora del Uruguay. De manera directa representa un 6% del PIB. Cuando se incluyen todos los subsectores y las industrias, oscila entre el 12 y el 16% del PIB. Los gobiernos del FA han sido grandes generadores de latifundios. Cada vez se necesitan más hectáreas para poder vivir del campo. Esto se debe, entre otras cosas, a la presión fiscal que se ha ejercido sobre el sector.

Desde 2005 a 2018, el agro ha pasado de pagar US$ 112 millones en impuestos a US$ 260 millones. En 2005 los impuestos ciegos a la tierra representaban un 37% del total de lo pagado; en 2018 un 60% de impuestos ciegos, que son retrógrados y atentan contra la inversión y la producción intensiva.

Se impulsará una política tributaria basada en la renta, como lo está en los demás sectores de la economía; se bajarán los combustibles y tarifas de energía eléctrica que son los que más afectan a los productores. Se eliminará la discriminación que actualmente sufre la agropecuaria en la prohibición de utilizar Sociedades Anónimas. Se iniciarán acciones para sacar al país del aislamiento comercial, que no solo cuesta millones de dólares sino que afecta seriamente la competitividad.

-Inclusión financiera; dejará de ser obligatoria. El ciudadano recupera su libertad.

-Seguridad ciudadana. Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública el mismo 1° de marzo de 2020 a fin de iniciar el combate al delito.

Lanzar una lucha frontal contra el crimen organizado con fortalecimiento de las tareas de inteligencia, control de fronteras y estricta vigilancia de los riegos de corrupción. Asegurar una disuasión permanente por medio de operativos a cargo de grupos especiales. Desplegar la Guardia Republicana con destacamentos departamentales cuya fuerza efectiva oscilará entre 50 y 100 efectivos. Devolver de inmediato a las comisarías su papel de unidades operativas básicas, generadoras de información y constructoras de vínculos con la población. Jerarquizar la figura del Comisario como líder del personal a su cargo y referente de la seguridad en la comunidad.

Como para empezar a creer que se puede.