Luis Lacalle Pou planteó como una de sus grandes aspiraciones en caso de acceder a la presidencia, impulsar un plan para lograr el asentamiento cero. La senadora Lucía Topolansky —con ese espíritu constructivo que la caracteriza cuando habla de gente o ideas que no son de su partido— lo tildó de “ignorante”. “Tiene que informarse un poco más si quiere ser presidente”. Y el ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, dijo que pensar que los uruguayos pueden llegar al asentamiento cero es un “slogan” (electoral) y, directamente “no es posible”.

Luis Lacalle Pou planteó como una de sus grandes aspiraciones en caso de acceder a la presidencia, impulsar un plan para lograr el asentamiento cero. La senadora Lucía Topolansky —con ese espíritu constructivo que la caracteriza cuando habla de gente o ideas que no son de su partido— lo tildó de “ignorante”. “Tiene que informarse un poco más si quiere ser presidente”. Y el ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, dijo que pensar que los uruguayos pueden llegar al asentamiento cero es un “slogan” (electoral) y, directamente “no es posible”.

Topolansky y Olesker —más algunos otros dirigentes frentistas— se afilian a la posición de “no se puede”. El candidato nacionalista, por el contrario, insiste en su propuesta y sostiene que “se puede”, porque considera que, más allá de la bonanza económica de la que disfrutó el país, hay 170.000 uruguayos que viven en condiciones indignas.

No hay dudas de que permitir que familias, mujeres, hombres y niños, convivan en ranchos de lata, hacinados en una pieza, rodeados de aguas servidas y pozos negros es una condena social. Que guetizarlos en zonas donde carecen de servicios mínimos, campea el malandrinaje y solo pueden sobrevivir en la lucha del día a día, es una afrenta a los ciudadanos de este país. Mientras exista esa realidad —y vaya si existe— se hace difícil implementar cualquier otra medida para lograr la inclusión de ese segmento de uruguayos y cubrir necesidades mínimas, propias de cualquier ser humano que vive en una nación civilizada.

Obviamente que el desafío es grande, pero, ¿es que hay otra alternativa? Lacalle ha dicho que “nos peleamos contra la hipocresía de hablar de zonas rojas; no hay zonas rojas ni contextos críticos; hay causas justas y hay causas injustas y nosotros vamos atrás de las justas (…) En estos nueve años se han suspendido los planes de vivienda para la gente de menores recursos”.

No será de un día para otro; el candidato ha hablado de un plazo de 10 años para poder llevar adelante su idea, con una inversión de entre 150 y 200 millones por año, según estimaciones de su equipo técnico y de su candidata a ocupar el Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche. Es mucho dinero pero —pese a lo que dicen los frustrados y negativos de siempre— debe intentarse y puede lograrse.

1) El Partido Nacional no estuvo ajeno a la situación de emergencia que enfrentó la sociedad tras la crisis y apoyó, con su voto, la creación del ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Equidad.

2) No corresponde borrar todo lo hecho por los gobiernos del FA en la materia, sino continuar con lo que está bien, corregir y mejorar los que está mal. No es lo mismo asistencia social frente a una emergencia que el asistencialismo vitalicio y sin contrapartidas. Recibir dinero sin ninguna exigencia provoca acostumbramiento. Aquí el centro del problema pasa por la enseñanza, mala en general y desastrosa en las zonas carenciadas en particular. Sin educación, no hay solución ni futuro.

3) Los blancos apuestan a la eficiencia del gasto como uno de sus pilares. Ya se han detectado cientos de millones mal gastados, sin necesidad de recurrir al ejemplo de la monopólica Ancap de Sendic, que en un año dejó un déficit de 170 millones de dólares o al agujero negro de Pluna. Solo evitando reiterar rubros como esos, se logra la financiación de dos años del plan de asentamiento cero.

4) La publicidad de las empresas del Estado sin justificación concreta. Se estima que lo gastado durante el periodo de veda electoral, la propaganda (Antel, Ancap, UTE, etc.) sobre los hecho por los gobiernos frenteamplistas —publicidad indirecta, que le dicen— superó los US$ 40 millones.

5) Abundan los cargos de confianza creados sin ninguna necesidad, salvo satisfacer el clientelismo. Un caso notorio son los embajadores itinerantes ¿quiénes son y qué hacen? Se pueden borrar muchos sin que ello afecte el funcionamiento del Estado, que actualmente significan unos US$ 43 millones en salarios. También se han multiplicado las empresas públicas de derecho privado (con Ancap y UTE a la cabeza), que permiten gastar sin control del Tribunal de Cuentas, en lo que el propio presidente Mujica ha denominado “el Estadito paralelo”.

6) Los asesores de Lacalle consideran que los gobiernos del FA “se han relajado” en el cuidado del gasto estatal y han incurrido en compras poco pensadas y mal planificadas, en una suerte de “alegría compradora”. Se maneja un ahorro de 400 millones de dólares anuales solo con tener “responsabilidad” y “liderazgo” en la ejecución del gasto público.

Podríamos seguir, pero como muestra de que “se puede” (del punto de vista económico) alcanza. Hay una cuestión de solidaridad, respeto y compromiso atrás de esta propuesta de asentamiento cero, valores que, cuando las cosas se hacen bien, fluyen en nuestra sociedad sin dificultades. Aunque gente como Olesker y Topolansky no lo crean.