Como es de público conocimiento, desde hace unos días la planta de UPM2 en Paso de los Toros se encuentra detenida por medidas adoptadas por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

La paralización de las actividades en la obra trae como consecuencia perjuicios a todos los ligados al proyecto, tanto a contratistas que no podrán cumplir con plazos estipulados, insumos que no pueden ingresar a tiempo y lo que es peor aún, trabajadores que ven su derecho al trabajo vulnerado.

Nuestro país enfrenta la preponderante necesidad de ajustarse al ritmo del mundo para dejar de estar en la lista de los países que quieren y no pueden ser desarrollados.

Los interesados en invertir en Uruguay advierten de inmediato cuales son las principales fortalezas y debilidades del país; para los agentes que se mueven en el ámbito internacional estas determinan una verdadera falta de estímulo, que los hace redirigir sus intenciones y concretar negocios en otras naciones más amigables a la inversión. El problema fundamental, el principal freno, es el de las relaciones laborales. La no disimulada intención de incidencia que permanentemente plantea el movimiento sindical en ámbitos que son estrictamente potestad de la empresa por ser de una soberanía que indiscutiblemente le pertenece a ella y sus accionistas y a nadie más, no tiene límites ni justificación.

El motivo que desencadenó el conflicto en la planta de UPM a mi juicio, no justifica la decisión adoptada por los sindicalizados. Sin perjuicio de que el ingreso al predio de la obra, está permitido, el Sunca no habilita a quienes desean trabajar poder hacerlo, vulnerando así los derechos de aquellos que no comparten la posición o no persiguen el mismo fin. Es necesario destacar que la libertad sindical tiene su vertiente positiva como negativa (se entiende por esta última la que habilita a no afiliarse al sindicato, o desafiliarse del mismo, a que no se retenga ninguna cuota sindical en forma obligatoria o compulsiva y a no participar de las actividades organizadas por la organización sindical). Los sindicatos no tienen luz verde para hacer lo que les plazca con la propiedad privada, ni con la libertad de comercio, ni con quienes apuestan a invertir en nuestro país, ni con el derecho al trabajo de quienes no comparten posiciones similares.

Paralizar una planta en la que actualmente desempeñan funciones más de cinco mil trabajadores y si todo va bien, en el segundo semestre del año se contratarán a seis mil trabajadores más, por cuestiones que perfectamente se pueden solucionar (y bien saben que es así) utilizando procedimientos ajustados a derecho y planteados individualmente, no tomando medidas sindicales desajustadas.

Los sindicatos deben advertir que su rol no debería ser hacer política, ni cogobernar nada, sino velar por los derechos de los trabajado- res, cuando la cuestión lo amerita.

El movimiento sindical uruguayo debería entender el momento trascendente que le toca encarar esta vez lejos del poder, y para el cual pensar en clave de lucha ya no es redituable ni creíble. tan es así que el último paro general convocado por el Pit-Cnt tuvo una pésima adhesión. El país, los trabajadores, y las empresas necesitan de los sindicatos consolidados, con dirigentes bien formados y con capacidad negociadora.