Se percibe por estos días un nuevo empuje propagandístico en procura de que se acentúe la limitación en la adquisición y tenencia de armas de fuego. En tal sentido, a nivel parlamentario se está tramitando un proyecto que en estos momentos se encuentra en la órbita del Senado. Es una iniciativa de los tiempos en que la señora Daisy Tourné era ministra del Interior y es del caso recordar que ya en ese entonces, el legislador Luis Lacalle Pou advirtió que, a nivel mundial, cuando se ha practicado la restricción en la tenencia, se han cometido errores.

Se percibe por estos días un nuevo empuje propagandístico en procura de que se acentúe la limitación en la adquisición y tenencia de armas de fuego. En tal sentido, a nivel parlamentario se está tramitando un proyecto que en estos momentos se encuentra en la órbita del Senado. Es una iniciativa de los tiempos en que la señora Daisy Tourné era ministra del Interior y es del caso recordar que ya en ese entonces, el legislador Luis Lacalle Pou advirtió que, a nivel mundial, cuando se ha practicado la restricción en la tenencia, se han cometido errores.

Cuando por ley se coarta el derecho que nos ocupa, quienes acatan las normas son los que se mueven dentro de la legalidad. Los que operan al margen de la ley usan armas robadas o contrabandeadas y pasan a actuar con mayor impunidad, ya que saben que sus víctimas difícilmente podrán oponer resistencia puesto que han quedado total o relativamente inermes. La población respetuosa de las normas jurídicas, en tiempos de inseguridad como los actuales, suele recurrir, como protección, a sus propias armas. Aquellas que a veces ni siquiera fueron pensadas para la defensa sino simplemente para, por ejemplo, animar alguna partida de caza. Armas que pueden ser pistolas, revólveres, rifles y escopetas en cuyo manejo conviene estar correctamente interiorizado para evitar eventuales accidentes, ya que contrariamente a lo que trasmiten los partidarios de que los civiles queden desarmados, las armas en sí mismas no son peligrosas. Todo depende de quién las está utilizando y el riesgo máximo es que se encuentren armados los delincuentes que no respetan ninguna norma y a quienes ninguna nueva disposición desanimará .

Otra cuestión: los partidarios del desarme civil mencionan que en el Registro Nacional de Armas hay 594.341 inscriptas; se omite agregar que ese número se refiere al total anotado desde que el registro fue creado, hace la friolera de 70 años, sin restar lo perdido por diferentes motivos. Algo así como sumar los autos importados desde 1900 hasta hoy, con la pretensión de indicar cuántos hay actualmente en el país.

Estamos pues ante una amenaza de eventual desarme de quienes ofrecen las mayores garantías de uso debido. O, por lo menos ante la creación de mayores dificultades para que esas personas compren armas. ¿Quién concurre a una armería, cumple con los requisitos de registro, asiste a cursos para eventuales adquirentes, paga los mismos y paga también el precio del arma, para después salir a delinquir? Lo normal es que esa gente que compra lo haga para defenderse, cazar, eliminar depredadores, coleccionar o practicar tiro deportivo. Quienes viven de las rapiñas y asesinatos o practican los tan mentados “ajustes de cuentas” se pertrechan de otras maneras.

Uruguay ya tiene hoy un estricto sistema de control de armas largas y cortas. Mucho más estricto que los de otras democracias, como Estados Unidos. Acentuar el desarme de los civiles sería en cierta forma un triunfo de la delincuencia porque los que viven a sangre y fuego sentirían que se les ha allanado el camino para cometer sin miedo sus tropelías. Que no corren riesgos si optan por copar, rapiñar o adoptar otras vías delictivas. Lo que más falta hace hoy es otra cosa más profunda: atacar la ola de delincuencia que con armamento mal habido hace temblar a la gente decente del Uruguay de hoy.