El gobierno del presidente Mujica dijo darle a la seguridad pública prioridad absoluta. A pesar del anuncio, en su período al frente del Ejecutivo, los homicidios crecieron 14% y las rapiñas 38%.

El gobierno del presidente Mujica dijo darle a la seguridad pública prioridad absoluta. A pesar del anuncio, en su período al frente del Ejecutivo, los homicidios crecieron 14% y las rapiñas 38%.

Tabaré Vázquez vio en esta circunstancia una buena posibilidad para hacer un anuncio llamativo: que de ser electo, al final de su mandato las rapiñas se verían reducidas en un 30%. Sin embargo, hace pocos días el ministro del Interior, Eduardo Bonomi dijo que no puede garantizar el cumplimiento de la promesa del hoy presidente Vázquez. No es ocioso recordar que este ministro es el mismo que actuó como tal en el período Mujica. Es más, el mismo que a mediados del pasado octubre, a pocos días de las elecciones nacionales había dicho que el objetivo que se había planteado Vázquez era “perfectamente posible”.

Vale la pena internarse en la evolución de algunos indicadores, a partir del primer gobierno de Vázquez. En 2005 se registraron 190 homicidios, 226 en 2009 y en 2014 un total de 262. En 2005 hubo 9.142 rapiñas, 12.459 en 2009 y en 2014 casi el doble: 20.097. Solo en cuanto a hurtos se vio una mejora (leve y relativísima) ya que de 111.279 en 2005 pasamos a 99.138 en 2009 y a 105.871 en 2014. A mayor abundamiento, se pueden agregar informaciones tales como la que indica que aumentan los homicidios que quedan impunes. Veamos: en 2011 quedaron sin resolver el 28% de los asesinatos mientras que en lo que va de 2015 sigue impune el 47%.

El ministerio del Interior tiene mala imagen y en procura de mejorarla ha ensayado diferentes medidas, desde los megaoperativos hasta una reestructura profunda de la Policía, mientras cifra esperanzas en la videovigilancia. Pero conviene estar atentos frente a algunas de las medidas que presumiblemente se hallan adentro de la panoplia con la que quiere contar la actual secretaría del Interior. Una de ellas es la reglamentación, con ánimo restrictivo, de la ley sobre adquisición y tenencia de armas de fuego.

Cuando por ley se coarta el derecho a tener armas, quienes acatan las normas son los que se mueven adentro de la legalidad. Los que operan al margen de la ley, usan armas robadas o contrabandeadas y pasan a actuar con mayor impunidad, ya que saben que sus víctimas difícilmente podrán oponer resistencia puesto que han quedado inermes. En tiempos de fuerte inseguridad como el tiempo actual, la población honesta suele recurrir, como protección, a sus propias armas. Aquellas que a veces ni siquiera fueron pensadas para la defensa sino simplemente para colección, tiro deportivo o caza. Armas que pueden ser pistolas, revólveres, rifles y escopetas, debidamente registradas.

Lacalle Pou ha advertido que a nivel mundial, cuando se ha practicado la restricción en la tenencia, se han cometido errores. Uruguay ya tiene hoy un estricto sistema de control de armas, así como de capacitación en su uso. Mucho más estricto que los de otras democracias, como Estados Unidos. Acentuar el desarme de los civiles sería en cierta forma un triunfo de la delincuencia porque los que viven a sangre y fuego sentirían allanando el camino para cometer tropelías sin miedo a una réplica. No se necesita un marco más severo. Lo que sí hace falta hoy es otra cosa: enfrentar la ola de delincuencia que con armamento mal habido hace temblar a la gente decente.