El título viene a colación del documento firmado por nuestras autoridades de gobierno con UPM, con vistas a la posible instalación de una planta de celulosa en las inmediaciones de Paso de los Toros.

No incursionaré en aspectos generales, yendo al cerno de la nota que tiene que ver con aspectos laborales. Un documento del bufete Pérez del Castillo, nos ha ilustrado.

Nos hemos comprometido a convocar a un ámbito de negociación conjunta entre el Pit-Cnt, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de acordar la implementación de Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones. Si hay que negociar por el tema mencionado, se convocará a las cámaras empresariales a los efectos pertinentes.

Acto seguido, el gobierno se obliga a trabajar en la regulación de los temas referidos, tomando como base aspectos fundamentales del MTSS presentados a los interlocutores sociales en marzo de 2017, relativos a la regulación y prevención y solución de conflictos, así como a las ocupaciones y piquetes, ajustando lo que las partes entiendan necesario.

La citada propuesta del ministerio sugiere mecanismos de prevención y solución de conflictos semejantes a los que existen actualmente. Ignoro cómo se compadecerá esta idea con la que ya está instituida para el sector de la construcción en el último convenio salarial.

Ahora y aquí viene la madre del borrego…: faculta al Ministerio de Trabajo a desalojar ocupaciones (actualmente dicha facultad existe en el decreto 165 del 2006, donde se ponga en riesgo la vida o salud de las personas o se vulnere el orden público) y piquetes, aclarando que estos últimos deben efectuarse pacíficamente, sin perturbar el orden público, etc., etc…

Escuché al sindicalista Óscar Andrade del Sunca, alarmarse porque no fue consultado el Pit-Cnt. Claro, la premisa sindical es que las ocupaciones suponen extensión del derecho de huelga, aserto nunca justificado ni explicado.

Se limitan al decreto 165 mencionado, donde inconstitucionalmente la citada norma se refiere a ello, en su artículo 4°: "La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica". Pero además y aquí viene el porqué del título de la nota: si se ocupa UPM, el ministerio está facultado a desalojar, en cualquier circunstancia, pero si se ocupa cualquier obra de construcción o fábrica, la ocupación es válida.

En ese sentido, para UPM el decreto del año 2006 es inaplicable y se garantizan todos los derechos constitucionales que se violan cuando se ocupa una empresa privada.

Pero previo a ello hay algo medular y ya hemos sido recurrentes con esta monserga: el citado art. 4° del decreto 165 viola la Constitución de la República en su artículo 57 inciso 3, referido al derecho de huelga que lo que hace es reconocer a los trabajadores la legitimidad en su omisión de trabajar. El decreto citado avasalla la Carga Magna y le permite a los trabajadores lo que la Constitución no dice: actúan por la vía de los hechos, ocupan y obstaculizan al empresario la posesión de sus bienes, intentando amordazar la voluntad del mismo para que se avenga a los reclamos de los trabajadores en el conflicto.

A mayor abundamiento, ¿qué norma nos habilita a entender que también es huelga el despojo de la posesión de los bienes ajenos o impedir a otros trabajadores el desarrollo de su actividad laboral? Sin duda, extender el concepto de ocupación al de huelga implica afirmar que se han derogado derechos constitucionales como el derecho al trabajo, derecho al ejercicio de la libertad de empresa, derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.

Sin perjuicio de la inconstitucionalidad citada, lo grave es cómo se trata de manera diferente al inversor extranjero que al compatriota. El gobierno clama por inversiones, pero en la promoción privada, una serie de regulaciones del Ministerio de Vivienda vienen impidiendo la presentación de proyectos en Vivienda Promovida logrando el burócrata frenar una virtuosa ley, que ocupaba gente, jerarquizando varios barrios no costeros de Montevideo, y que además generaba tributos nacionales y departamentales.

Estimulemos lo foráneo pero no desestimulemos la inversión nacional, como la construcción. Los dichos del gobierno prometerán concesiones a UPM que suscribimos, pero tengamos equidad. Además de la arbitrariedad en las ocupaciones, las normas para los promotores en Vivienda Promovida son victorias a lo Pirro, de apariencia virtuosa pero casi irrealizables.