Tomás Teijeiro
Tomás Teijeiro

Institucionalidad laboral

Aunque suene a comentario de manual, siempre está bueno recordar que los actores políticos están bien diferenciados según sus objetivos.

Es así que hay electores, los que pretenden ser elegidos, los partidos políticos (quienes juegan por obtener y mantenerse en el poder), y los grupos de presión (quienes intentan influenciar al poder a favor de sus intereses sectoriales).

Históricamente en toda democracia se dieron intercambios entre estos actores que por decirlo de algún modo, han excedido las fronteras naturales dentro de las que a cada uno les corresponde moverse en un universo de respeto a la legitimidad y la institucionalidad.

Dichos cruzamientos son funcionales a las necesidades de cada colectivo y en diferentes sociedades se asoman con diverso grado de intensidad, y si bien desde un punto de vista teórico puede verse como negativo, en la práctica no siempre es malo en tanto que se respeten las reglas básicas de juego democrático, y que todos los implicados tengan claro que en esa aventura hay límites que por el bien del sistema no deben cruzarse.

Cuando esas demarcaciones son transgredidas permanentemente por los mismos actores el sistema se resiente y comienzan inevitablemente a perderse garantías y la calidad democrática decae. Lo único que la contiene y rescata es la institucionalidad, y por eso hay que ser tan cuidadoso de la misma.

Alcanza ver la eficiencia de la estructura que diseñaron los Padres Fundadores de los Estados Unidos, para entender que todo lo que allí parezca peligroso en casos particulares es coyuntural. Pero a esas maquinarias institucionales de vez en cuando hay que aceitarlas, cosa de la que no se olvidan en el norte, y que no tenemos en cuenta por aquí.

Nuestra Constitución y la institucionalidad que la misma contiene es la base de nuestra convivencia, y su respeto y mantenimiento es tarea de todos. Nadie puede excepcionarse de esto, sin importar lo que piense.

Hoy me preocupa particularmente el estado de la institucionalidad en el ámbito laboral.

Hace casi quince años que el Ministerio de Trabajo, en términos generales funciona para la percepción de parte de sus administrados como un despacho de los sindicatos y del Ministerio de Economía.

No se necesitan ni nombrar las razones por las que se lo ve así, y el que no lo entienda que piense un segundo en el conflicto de Conaprole. Con esto alcanza y además es la muestra de lo que padecen a otra escala gran cantidad de trabajadores y empresas de todos los sectores. Porque a no engañarse, que las consecuencias negativas las sufren todas las partes de la relación laboral, por no hablar del entorno a las mismas.

Esto tiene que cambiar. Uruguay necesita un Ministerio de Trabajo protagonista de los tiempos que corren, y no anclado en la carcamánica lucha de clases.

Que se desempeñe en un principalísimo papel de promotor de activas políticas de empleo, de preparación para las inevitables nuevas instancias de revolución tecnológica que se vienen, y de la debida aplicación y diligencia que ambas partes del vínculo laboral deben poner para ser positivamente productivos.

Uruguay clama por un Ministerio de Trabajo que resguarde los derechos de TODAS las partes, y que se asegure que cada una cumpla con sus obligaciones y que TODOS sean responsables de lo que hacen.

Que las empresas respeten la ley, pero que también lo hagan los trabajadores, y sobre todo, que el movimiento sindical entienda que ni la política ni sus intereses están sobre la misma. Y que así como los empleadores saben que incumplir reglas acarrea consecuencias, estos dirigentes y las asambleas que los mandatan entiendan que deberán ser responsables por sus actos en las vías que correspondan. Todos somos libres en nuestro sistema, pero todos debemos responder si abusamos del derecho.

Por eso necesitamos un Ministerio de Trabajo que se apegue a la institucionalidad, y que no se mueva de esta. Que no patee para adelante los problemas dejando que empresas y sindicatos se desangren en eternos conflictos y discusiones, cuando lo único que se requiere para solucionarlos es hacer cumplir la ley y ejercer la autoridad.

A veces las partes necesitan que quien detenta legítimamente el poder ponga los límites, y este está obligado a ejercerlo y no compartirlo con grupos de presión.

Como principal autoridad en la materia, el Ministerio de Trabajo debería promover aún más la excelente investigación y estudio del derecho laboral que realizan nuestras universidades con el objetivo de avanzar hacia un modelo que otorgue mayores certezas.

Abriendo la mirada a un mundo nuevo que no espera, donde sin perder de vista la debida protección de los derechos se deje de rendir culto ciego a Plá Rodríguez en su aplicación devenida en vertiente voluntarista redistributiva, y se entienda que la nostalgia doctrinaria solo servirá para dejarnos varados y fuera de competencia. Si seguimos en este esquema desconcentrado y anticuado solo se tutelarán derechos en forma teórica. En la práctica todos estaremos embromados.

Se requiere un Ministerio de Trabajo que sea comprometido con sus cometidos, y que deje de ser un actor ausente o complaciente.

Un país endeudado, al borde de un abismo que intentan hacernos creer que no existe, donde se generaron miles de personas dependientes del asistencialismo estatal, y que se han convertido en una nueva clase social (los excluidos) que no se rige por los mismos códigos que el resto de la sociedad, necesita en temas laborales un liderazgo institucional profesional. Que de verdad sepa lo que está mal, y que tenga soluciones para arreglarlo. Pero que además ostente suficiente autoridad y honestidad intelectual como para no tocar nada de lo que esta bien: los consejos de salarios, por ejemplo.

Es hora de cambiar.

Nos prometieron un Uruguay de primera, y nos convirtieron en un país que funciona en base a una bicicleta financiera que nos volvió dependientes de organismos internacionales y calificadoras de riesgo.

Necesitamos construir un futuro mejor sobre la base de una rigurosa institucionalidad, del trabajo, la productividad, la responsabilidad, y el diálogo.

El crédito internacional o las dádivas del Estado no nos sacarán adelante. Solo será nuestro apego a la ley, y nuestro esfuerzo.

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