Tomás Linn
Tomás Linn

Vacunarse no es fácil

La urgencia del Ministerio de Salud Pública por apresurar las vacunaciones terminó creando un atolladero que nunca debió suceder.

Día tras día se anuncia que un nuevo grupo de edad podrá agendar fecha para vacunarse, pero el primer grupo anunciado no logró hacerlo aún por el simple hecho que los mecanismos previstos no se lo permiten. Es tal la demanda, que el sistema no da abasto. Queda mucha gente pretendiendo agendarse por horas y días, a veces hasta de madrugada y de golpe, otro grupo le viene pisando los talones. Se atora el sistema generando en la población una creciente ansiedad y mucho estrés.

El error pudo estar en anunciar tantos grupos con tan poco margen. Tal vez los sistemas para registrarse no son los adecuados. Lo cierto es que algo no funcionó.

Por otra parte, llama la atención la cantidad de gente que, dentro de los grupos prioritarios (salud, docentes y personal en residenciales) optó por no vacunarse. El gobierno dispuso no hacer obligatoria la vacunación, pero eso no quita que en esas tres áreas se asuma la responsabilidad.

En la salud, tal actitud es vergonzosa. Se supone que es gente con formación y justamente, lo que por esencia previene una enfermedad (y ayuda a no contagiarla) es lo que alguna gente rehúye. Son médicos, enfermeras, terapeutas, no chamanes.

El sindicato de los trabajadores de la Salud (la FUS) resolvió que como el gobierno no la hizo obligatoria, no recomendará a sus afiliados vacunarse. Su secretario general, Jorge Bermúdez, recorrió los medios explicando esa negativa, para asombro de los periodistas y a veces quedando en ridículo. Aunque no sea obligatoria, ¿por qué ello impide recomendarla? ¿No es la función de un sindicato defender y proteger a sus afiliados? ¿O hay otra oculta intención detrás de esa incomprensible postura?

El socio de una mutualista que paga su cuota todos los meses, tiene derecho a exigir que el personal que lo atiende esté inoculado. La mutualista debe hacerse cargo de ese reclamo. En otras palabras, aunque el gobierno no la haga obligatoria una mutualista sí debería exigir que su personal esté vacunado.

Lo mismo sucede con el personal de los residenciales para gente mayor. En contexto de pandemia, estar vacunado es parte de lo que se requiere de alguien que cumple esa tarea, del mismo modo que se le pide otras habilidades para desempeñar su función. Si el que trabaja en un residencial no quiere vacunarse, debería ser advertido que se busque otro trabajo.

Hubo docentes que resolvieron no vacunarse y están perjudicando a sus estudiantes y compañeros de trabajo. Desconfían de la presencialidad en los cursos, pero rechazan esa eficaz barrera de protección que es la vacuna.

El gobierno apuró la vacunación en las zonas fronterizas, por estar al lado de una región de acelerados contagios como Brasil, pero hay gente que no quiere vacunarse.

Cuesta entender estas conductas que parecen ser parte de un “nada nos viene bien”. Si no llegan las vacunas se cuestiona las demoras, si llegan se opta por no dárselas.

Todo esto es muy raro.

Ante un aumento dramático de casos el gobierno adoptó medidas que restringen la movilidad pero no de modo extremo. Es coherente con lo que ha sido su estrategia desde el inicio. Si impusiera medidas como reclama el Frente, las tendría que hacer valer a la fuerza contra un sector importante de la población que no le importa cuidarse, no usa el tapaboca, no respeta la distancia y donde hay una aglomeración allí van todos.

Lo paradójico es que quienes piden medidas, quieren que valga para los demás. En el rubro particular en que está cada uno no deberían aplicarse porque no registran contagios. Si no es en lo bares que la gente se contagia, ni en las fiestas clandestinas, ni en las marchas militantes, ni en los teatros, ni en los megarrecitales, ni en los encuentros deportivos, ni en los clubes, ni en los casamientos, ¿por qué crece el número de contagiados, de internados en CTI y de muertos? ¿Se contagian de la nada?

El gobierno extendió un mes más la prohibición de aglomeraciones. La Policía interviene para pedir que se disuelvan, pero no actúa con exceso de firmeza. Si lo hiciera, los que piden menos movilidad serían los primeros en denunciar el “desborde policial”.

Sería preferible que nadie asome la nariz para parar la pandemia. Pero eso llevaría a instaurar un régimen de control policíaco con vigilancia estricta sobre cada ciudadano para lograr tal objetivo. Un gran hermano.

Nadie quiere eso. Otra Formosa no.

Como se sabe, en lo norteña provincia argentina de Formosa se aplica un dictatorial control. La población vive asfixiada y aterrada bajo un régimen brutal que viola derechos humanos para evitar la movilidad.

No es por desinformación que tanta gente optó por hacer lo que se le da la gana. Información sobra. Tampoco es con coerción que se impedirá la movilidad.

Somos grandes y sabemos cómo hacerlo. Pero hay que ser cuidadoso con aplicar el tipo de restricciones que pide la oposición. Insisto, una Formosa en Uruguay, no.

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