Las recientes declaraciones del Fiscal de Corte deberían alarmar.

Tras recordar que había advertido hace más de diez años que se venía una preocupante escalada criminal, señaló que el país debía cuidarse porque tras esta seguidilla de ataques a policías, existía la posibilidad de que se pasara a ataques a fiscales y jueces.

Lo dicho por Jorge Díaz asusta. La actual escalada contra la Policía hace pensar que lo que Díaz anuncia sería inexorable.

En lo que va de 2020 (apenas un mes y medio) 78 funcionarios policiales fueron víctimas de algún tipo de delito. En una sociedad que hace tiempo viene preocupada por la situación de inseguridad, atemoriza pensar que las víctimas ya no solo son los vecinos, los comerciantes y sus clientes, los trabajadores o los transeúntes que andan por las calles, sino además las personas asignadas por el Estado para defendernos y protegernos. Estos ataques sirven para amedrentar a la Policía pero además muestran que los delincuentes no le tienen miedo ni respeto y eso los hace sentirse más impunes aún.

Díaz recordó que en 2007 dijo “que las manifestaciones violentas iban a empezar entre organizaciones criminales, es decir, la resolución de conflictos criminales mediante formas violentas (…) y que el segundo paso iba a ser la dirección de la violencia de estos grupos respecto de los funcionarios policiales”. Por lo tanto, dijo, era esperable que el tercer paso fueran ataques contra “los operadores del sistema de Justicia”.

El razonamiento tiene su lógica: amedrentada la Policía luego se da un paso más y se amenaza a fiscales y jueces hasta crear un clima donde el terror paraliza. Por esta vía, estos criminales van encontrando el terreno libre para hacer lo que quieran y volverse dueños del país.

Cuando aparecieron los primeros asesinatos de este tipo en manos de sicarios, supuestamente como crímenes distintos a otros, el gobierno los definió como “ajustes de cuentas”. Era algo interno, que ocurría adentro del mundo del hampa, pero que no afectaba la vida cotidiana de la gente común y por lo tanto no había que preocuparse

Quizás el gobierno se haya despreocupado, pero no la población, para quien la inseguridad seguía siendo la inseguridad, no importaba qué ropaje asumía o qué nombre se le daba. Más de una persona que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, cayó en medio de un fuego cruzado por “ajuste de cuentas”. Recuerdo un caso que conmovió al país, ocurrido en plena avenida Giannattasio en Ciudad de la Costa y que se llevó la vida de una chica de 16 años cuando estaba por cruzar la avenida, ajena a lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Estas bandas establecieron sus bases en los barrios más pobres de Montevideo y día tras día aterrorizan a sus habitantes. Allí, la solidaridad de clase no existe.

Lo cierto es que con esa expresión se intentó disimular la gravedad de los hechos. No está claro si el Ministerio del Interior quiso disimular o nunca evaluó bien lo que estos “ajustes” realmente significaban. Y muchas veces los periodistas tomaron esta expresión en forma acrítica. Los noticieros dedican un porcentaje muy importante de su tiempo a dar minuciosa información policial, pero pocas veces se detienen a ver qué sentido tiene lo que informan.

También algunos medios (incluido El País) se refieren a este tipo de muertes como “ejecuciones” cuando en realidad son asesinatos lisos y llanos. Tal vez la palabra parezca más fuerte pero no lo es. Por el contrario, atenúa el hecho. Un pelotón de fusilamiento ejecuta, un verdugo (pago por el Estado) ejecuta, en cambio un criminal asesina. La palabra ejecución se refiere por lo general al acto realizado por alguien a quien el Estado le confirió autoridad para matar en cumplimiento de una sentencia. Asesinato en cambio, es un acto criminal sin atenuantes. Con esto no pretendo justificar la pena de muerte, simplemente dejar en claro que cada término significa algo diferente.

El tema es que mientras se habla de “ajustes de cuentas” y “ejecuciones” y para el común de la gente hay cierta lenidad en fiscales y jueces para afrontar la delincuencia, estos crímenes han ido adquiriendo cada vez más gravedad sin que nadie se diera cuenta. O lo que es más preocupante, como si alguien desde el gobierno no quisiera que la población se diera cuenta.

Por supuesto los afectados, es decir los vecinos en las zonas donde operan estas bandas, tienen claro que esta delincuencia y esta criminalidad sí afecta su vida cotidiana y el lugar donde viven.

Si el pronóstico del Fiscal de Corte se llega a cumplir, Uruguay como país y como sociedad está en el horno, para usar una expresión popular. No habrá amparo para nadie ni posibilidad de atrincherarse en ningún lugar. Los dueños del país serán los delincuentes.

El día que realmente empiecen a amedrentar y atacar a fiscales y jueces, este avance de la criminalidad quizás no sea irreversible (siempre hay que dejar una rendija a la esperanza), pero casi lo será.