Tomás Linn
Tomás Linn

Secretos de Estado

Una casa cualquiera en un barrio cualquiera. Tiene una bandera del Frente Amplio y un cartel que advierte que allí funciona un Comité de Base. ¿Por qué importa señalar este lugar? Es que en esos comités empieza a cocinarse la crucial política exterior de nuestro país.

El proceso comienza en los comités de base, pasa al Plenario del Frente y de ahí a los diputados y senadores frentistas que de hecho le dictan al canciller (y a los formados expertos en relaciones internacionales del ministerio), cuál será la posición uruguaya ante los tratados de libre comercio, las relaciones con la región, los cuestionamientos a países donde funcionan dictaduras y otros asuntos de vital importancia para el país.

No hay secreto: el mundo entero sabe cómo diseña Uruguay sus estrategias internacionales y por lo tanto nadie necesita recurrir a espías.

Si información de esa delicadeza es tan pública, no lo es en cambio algo tan banal como conocer cuánto le cuesta a la cancillería mantener, pintar y hacer funcionar cada embajada en el exterior. Ese sí es secreto de Estado, un dato que no se puede divulgar pues de hacerlo podría quizás comenzar una nueva guerra mundial.

Los argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores son increíblemente infantiles. Lo sorprendente es que cuenta con el aval de un juez y de un tribunal de apelaciones. Asombra la capacidad que tiene este país para alimentar la "cultura del secretismo".

Este proceso comenzó en enero cuando un periodista del programa "Así nos va" de Radio Carve, presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud de acceso a la información pública para saber cuál era el gasto anual de cada embajada uruguaya en el exterior: salarios, equipamiento, mobiliario, gastos de oficina, vehículos. La Cancillería le dio cifras globales pero evitó entrar en detalles y ante la insistencia del periodista, declaró "de carácter reservado por (…) 15 años, toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión, realizada en cada Representación Diplomática u Oficina Consular". Dijo que eso podría "menoscabar (…) las relaciones internacionales" pues expondría "un aspecto sensible de la estructura del Servicio Exterior Uruguayo".

El argumento es tan endeble que da lugar a que los malpensados crean que se está protegiendo a algún embajador que tal vez haya gastado en exceso.

La UIAP (Unidad de Acceso a la Información Pública), oficina que funciona bajo la presidencia y que asesora sobre los pedidos de información, encontró que el daño que aducía la Cancillería, no parecía "claro, probable y razonable". Según la UIAP, hacer pública esa información ayudaba a la transparencia y no suponía "un probable conflicto diplomático".

Al abroquelarse la Cancillería en su tesitura, el periodista se presentó ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo que desestimó su demanda diciendo que "si cobra estado público en qué representaciones el país hace mayores esfuerzos presupuestales", eso desnudaría "las tácticas de inserción de nuestra nación en el mundo". Un Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad dicha sentencia, hace dos semanas.

El secreto prevaleció.

No fue el único caso de este absurdo culto a la reserva. Un periodista de El País quiso investigar si se seguían escribiendo cartas personales (no oficiales o de negocios) ante el crecimiento de las redes sociales. Hizo una "simple consulta" al Correo Uruguayo que provocó "profunda perplejidad". El tema fue discutido por el directorio en pleno, que se tomó los doce días previstos por la ley de acceso a la información pública, para negar esa información. La difusión de esos datos suponían "una pérdida de ventajas competitivas" para el Correo.

La ley de acceso a la información pública diseñada para avalar un derecho de los ciudadanos, pretendió romper con una arraigada cultura de ocultamiento. El mecanismo previsto para conseguir esa información fue pensado para usarse en casos extremos, solo cuando un obcecado jerarca rehusaba informar algo que el público debía saber. No es eso lo que está sucediendo; los periodistas recurren al sistema en forma rutinaria porque de otra forma la información no se facilita. A los burócratas les gusta creer que datos tan básicos son capaces de poner en peligro a la nación.

Los uruguayos pagan impuestos para que el Estado funcione. Por lo tanto tienen derecho a saber en qué se gasta ese dinero y cómo funcionan sus organismos y empresas. No hay tantos asuntos en este modesto país que puedan calificarse de "estrictamente confidenciales".

Es un contrasentido que se haya aprobado una ley para romper con esta "cultura del secretismo" y que el resultado sea el de ahondar más la pretensión de los gobernantes de no dar cuentas de sus actos, bajo la excusa de un peligro inminente.

Es hora de terminar con estos reflejos autoritarios. La gente no es estúpida.

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