Tomás Linn
Tomás Linn

Más sobre los secretos

Las casualidades existen aunque no lo parezca. La semana pasada mientras en mi columna cuestionaba a la Cancillería (y al Correo) por negarse a dar información pedida por periodistas, en otra página de la misma edición del diario, el ministro Rodolfo Nin Novoa expresaba su fastidio ante el uso y abuso de la ley de acceso a la información pública. Pudo tener algo de razón, solo que el caso que describí en mi columna (y que dio lugar a esa "catarsis" de Nin en la Comisión de Diputados), fue justamente uno en que la ley fue bien usada.

Para la Cancillería, los datos que el periodista requería podían "perjudicar las relaciones de Uruguay con algunos países". Si pretender conocer los gastos hechos para el mantenimiento, amoblamiento y funcionamiento de cada embajada en el exterior pone en peligro la política exterior uruguaya, algo no funciona bien.

El ministro se quejó ante los diputados de que la Cancillería había "recibido solicitudes de acceso a la información pública de gente que quiere hacer un doctorado". Agregó: "¡que la vayan a buscar ellos!" y aclaró que la mayoría de esa información está en la web ministerial.

He ahí el punto. Si la información es de fácil acceso, si el periodista o el candidato a un doctorado (ambos con igual derecho a buscar información) pueden llegar sin escollos a los archivos de un ministerio o de otra dependencia pública, o si los datos se encuentran con facilidad en la web, ese es el camino a seguir y no hace falta poner en marcha el mecanismo previsto por la ley.

El tema es determinar si la información está a simple vista o no. Es obvio que la que buscaba el periodista de radio Carve sobre los gastos de cada embajada, no lo estaba. La negativa a responderle fue avalada por fallos judiciales sucesivos con argumentos asombrosos. Sería deseable que la instancia llegue al máximo tribunal para ver si esta tontería termina ahí o es avalada una vez más.

Fue bueno y necesario hacer la ley de acceso a la información pública, aunque lo ideal hubiera sido que no haya motivos para que exista. Se la votó para romper una férrea cultura del secretismo arraigada en el Estado. En países donde la información está a disposición del público, leyes así no tienen sentido.

Desconozco la situación de los doctorandos, cuyas tesis son verdaderos trabajos de investigación. Tal vez apelen al mecanismo sin saber que no existen problemas para llegar a lo que buscan. O tal vez, al contrario de lo que dice Nin, no pudieron superar los escollos burocráticos y debieron utilizar el mecanismo.

Si bien los periodistas son quienes más recurren a la ley, no fue hecha solo para ellos. Cualquier puede usarla, sea o no periodista, sea o no investigador universitario. Vale para todos los ciudadanos.

Los periodistas utilizan el mecanismo porque encuentran trabas por todos lados. El procedimiento es lento para quien busca la noticia del día y sería mejor encontrar con celeridad la información en los archivos o en los sitios web, o que un determinado jerarca explique todo.

La ley fue necesaria porque pretendió romper una nociva y extendida práctica de no dar información. Se buscó así abrir al Estado a la gente. El mecanismo previsto para instar a una oficina a facilitar datos, debería ser usado solo en los casos excepcionales en que obcecados jerarcas impiden el acceso a expedientes y archivos, o cuando la información no está en los sitios web o no es claro cómo llegar a esos sitios, o cuando los jerarcas, en calidad de fuentes, no se animan a deslizar noticias. Ninguna de estas situaciones debería ocurrir. Pero ocurren, por eso hay tantos trámites por la ley de acceso.

Uruguay es un país sencillo. Una porción altísima de la información que maneja el Estado, no es confidencial ni debe serlo. Es puro teatro el que arman algunas dependencias sobre peligros presuntos u otras absurdas excusas para simplemente no dar cuenta de lo que hacen, ni asumir responsabilidad por sus actos. Ocultan, disimulan, tapan.

Muchas veces evitan dar información porque no tiene idea de ella. No hay datos básicos sistematizados que expliquen el funcionamiento de una oficina, lo cual desnuda irresponsabilidad e incompetencia. Para no quedar en evidencia, se ponen solemnes y se van por la tangente justificando el secreto de estado.

La más de las veces, en cambio, los argumentos en defensa de la reserva para proteger los intereses nacionales son una coartada para tapar manejos oscuros e irregulares. Con esa excusa, cubren sus espaldas y sus culpas.

El Estado es de los uruguayos. No es propiedad de partidos, políticos o tecnócratas. Elegimos a quienes deben administrarlo y es nuestro irrenunciable derecho saber lo que hacen con él.

Por ocultar, disimular, distorsionar y no dar la cara, es que en estos tiempos la población ve azorada una lista interminable de desatinos, irregularidades, acomodos sobre los cuales nadie da cuenta. Eso debe terminarse y no es saludable que este tema sea tomado a la ligera, aunque quien lo haga sea el mismísimo canciller.

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