Conrado Rodríguez fue reelegido diputado por el Partido Colorado y por lo tanto mantendrá su banca por otros cinco años. Esto es una buena noticia. Se podría suponer que lo es por muchas razones, pero hay una que me interesa destacar.

El año pasado presentó un proyecto de ley que permitiría a los jubilados con 65 años de edad y 35 de trabajo, hacer tareas remuneradas sin que se les quite un solo peso de su jubilación. Su propuesta fue clara y pretendía resolver la enorme injusticia que significa que una persona, una vez retirada, no pueda desarrollar tareas remuneradas como ocurre en tantos lugares del mundo. La norma debería incluir a todos los jubilados, cualquiera sea su edad. Más cuando crece la tendencia empresarial a forzar retiros incluso a los 60 años y más allá de los años aportados.

El proyecto no prosperó, pero al continuar Rodríguez en su función, debería retomar la iniciativa. En un momento en que se habla de revisar la deficitaria Seguridad Social, esta idea sería un buen complemento.

Rodríguez apostó a que se reconociera “el derecho y libertad de trabajar y percibir ingresos por ello, y al mismo tiempo cobrar la jubilación íntegra, sin ninguna quita”. Con meridiana claridad sostuvo que con ese trabajo, el BPS recibiría un aporte extra. Sería bueno que retomara su proyecto tal como lo presentó en esa ocasión.

Su aplicación (en especial en lo que se refiere a como hacer los aportes) debería ser sencilla pues sino ocurrirá lo de siempre: los empleadores no querrán comprarse un problema nuevo, uno más a los muchos que ya tienen. Asimismo, la futura ley deberá incluir tanto a los que se jubilen a partir de su aprobación como también a quienes están retirados desde antes. Dejarlos afuera sería caer en una nueva injusticia.

El proyecto reconoce en forma implícita que quien trabajó los años necesarios y llegó a la edad indicada, cobra su jubilación porque es su derecho adquirido por los muchos años de aportes. Ese dinero es suyo y nadie debería tener la potestad de quitárselo bajo ninguna excusa.

Lo que busca ese jubilado es tener una tarea de dedicación parcial o que pueda hacer desde su propia casa. Le importa que sea remunerada y no quiere jugar a las escondidas porque el Estado considera que lo que cobra es ilegal. Ilegal (e inmoral) es el sistema.

Una dura realidad agudiza la crueldad de las normas vigentes. En Uruguay los jubilados cobran poco, incluso los que hicieron aportes cuantiosos por haber tenido ingresos altos: su jubilación está topeada. Se paga mal, se topea y además se impide tener tareas remuneradas. Todo está pensado para asfixiar.

Quien se jubila no es una persona inservible. Puede ser útil a la sociedad, a su familia y a si mismo y tiene aun mucho para dar. La vieja idea de que el jubilado solo puede sentarse en una plaza para alimentar palomas mientras espera su muerte, debe ser eliminada por cruel y arbitraria.

Si algún día Conrado Rodríguez convierte su proyecto en ley, logrará que Uruguay proceda como ya muchos países lo hacen desde hace tiempo, algunos desde siempre.

Como dije en su momento en una anterior columna: que por una vez se deje a un lado tanta crueldad, que dejen vivir a la gente.