Tomás Linn
Tomás Linn

Peculiaridades de la política

Todo indica que el proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados no prosperará. Es bueno que así sea.

Se trata de la modificación al artículo 224 del Código Penal, al que se le agregaría el delito de peligro para los que incumplan las medidas sanitarias vigentes a causa de esta o cualquier otra pandemia.

Propuesto por los diputados blancos Mario Colman y Javier Radiccioni, la modificación establece que quien “mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente (para evitar la propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa) pusiere en peligro la salud humana o animal será castigado con tres a 24 meses de prisión”.

Se penaría así a aquellos que en abierto desafío a la emergencia que vive el país, ponen en peligro de contagio a otros.

Si bien la intención es buena, y más cuando la pandemia deja su devastador tendal, el texto de la norma es difuso y por lo tanto arbitrario. Por esa razón y pese a que fue aprobado en Diputados y ahora está en la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto se frenó.

Una primera objeción fue planteada por Cabildo Abierto, que presentó una alternativa por entender que no se puede sancionar como delito al no acatamiento de normas dictadas por la “autoridad competente” sino solo a aquellas “establecidas por ley”. Esto implicaría, por ejemplo, que el uso obligatorio de tapaboca en ciertos lugares, tal como se dispuso por resolución del gobierno, solo sería delito si hubiera una ley que expresamente lo ordene.

Por donde se la mire, la corrección que propone Cabildo al texto es de sentido común. Si no es ley, las faltas pueden ser sancionadas de otra manera, pero no con prisión. Basta que el guarda de un ómnibus, así como hace bajar al que no paga también lo haga con quien no usa el tapaboca. El mismo rigor vale para la entrada a un supermercado o un comercio. Se le impide entrar, pero no por ser un delito en la medida que no hay ley que lo establezca con claridad.

El otro freno a la iniciativa lo puso el presidente Lacalle Pou al mostrarse contrario a ella. Si bien lo hizo con prudencia para no interferir en el debate parlamentario, no hay duda de que la modificación al Código Penal no le gusta.

Era de esperarse que Lacalle reaccionara así. El meollo de la discusión entre el gobierno y la oposición está en ese mismísimo punto. El gobierno no cree necesario agregar más restricciones a las que ya dispuso, porque ese otro paso exigiría aplicarlas por ley y no quiere hacerlo. Llevaría a una imposición policíaca y represiva y es eso lo que quiere evitar. Esta iniciativa iba justamente en dirección contraria a lo que ha sido la estrategia del gobierno y que en más de una ocasión el presidente explicó con meridiana claridad.

Todo esto evidencia una situación peculiar. Quien reclama restringir la movilidad es el Frente Amplio, pero no es proclive a hacerlo mediante leyes, con lo cual no queda claro hasta dónde quiere llegar. A su vez, pese a que el presidente adopta solo moderadas medidas restrictivas, son los legisladores de su coalición quienes quieren ir más allá.

Ocurre no solo con este tema. Como es su costumbre, Lacalle Pou no se deja provocar por los continuos cuestionamientos frentistas a su gestión, a veces muy fuera de tono, para que se diluyan sin que tengan efecto. No responden del mismo modo algunos legisladores oficialistas, que todo les enoja y a todo responden por lo general con razonamientos endebles. En algún caso se llegó a afirmar sobre una nota periodística (burdamente crítica) publicada en el exterior, que era una forma de traición a la patria. Así razonan los gobernantes autoritarios sobre quienes disienten con su gestión. Este estilo enfadado para responder, nada tiene que ver con la forma presidencial de abordar estos asuntos.

Hay pues un desencuentro en el estilo y fondo de actuar entre una parte y otra. Lo raro es que se tra- ta más que nada de legisladores del mismo partido del presidente. Por lo general toman estado público las objeciones que hacen otros socios de la coalición, pero poco se dice sobre estos caminos paralelos que se recorren en la vida parlamentaria.

Recién cuando Cabildo Abierto propuso una corrección a la propuesta, quedó en evidencia que esa modificación en el Código Penal no podía nunca haber llegado ni siquiera a donde llegó.

Para la oposición, estos desencuentros son momentos de celebración. Les sirven para desnudar las contradicciones que hay entre el discurso presidencial sobre los límites que deben tener las medidas restrictivas y lo que después quiere hacer la bancada oficialista.

También, paradójicamente, deja en evidencia las propias contradicciones frentistas. Si la oposición es la que exige más restricciones para frenar la pandemia, esta curiosa modificación debió haber sido iniciativa suya.

Desde el fondo de la historia, la política siempre tuvo estas peculiaridades.

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