En tiempos en que la democracia moderna, constitucional, liberal y republicana está en crisis en todo el mundo, el modo en que se fortalecieron muchas organizaciones no gubernamentales no hace más que agudizar esa crisis.

Ejemplos sobran, incluso en las más sólidas democracias del orbe. Estas ONG presionan por fuera de instituciones representativas y elegidas, con notable eficacia cualquiera sea su objetivo: cambiar la forma de hablar, destituir profesores y maestros, censurar libros, determinar qué es lo moralmente correcto, marcar una única forma de entender la sexualidad, imponer doctrinas sobre género sin tener siquiera el adecuado sustento científico.

Se transformaron en un verdadero poder, con capacidad de torcer decisiones oficiales, de generar culpas colectivas, de marcar la agenda en muchos temas.

Gobernantes, senadores y diputados, rectores universitarios, académicos, directores escolares, referentes de la cultura, todos se inclinan ante sus dictámenes y tienen miedo a refutarlos.

Basta ver lo que está pasando en Uruguay. A medida que avanza en la Asamblea General el proceso para designar los nuevos miembros del Instituto de Derechos Humanos, una de estas organizaciones salió al cruce, cuestionando la forma en que se estaba procediendo, como si fuera la propietaria del Instituto con derecho divino para designar a sus miembros.

La organización es la muy conocida “Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos (Famidesa)”. Entiende que las discusiones en la Asamblea y cierta lentitud para salir de una situación trabada (cosa común en cualquier democracia), pone “en riesgo” al instituto y que todo derivará en “una repartija de cargos, como botín político”.

Para designar estos integrantes se necesita mayoría especial en la Asamblea General. O sea, contar con votos tanto de la coalición de gobierno como del Frente Amplio. Con uno solo no alcanza. Al no haber acuerdo, la Asamblea General será convocada para la segunda semana de agosto para darse tiempo de cotejar nombres y ponerse de acuerdo.

Como esto lo votan los representantes elegidos en las urnas, es un asunto político por definición. Son las personas que fueron votadas para ocupar esos escaños, quienes definirán la integración del instituto.

Una ONG, cualquiera sea, no representa el abanico político de un país, tan solo expresa y defiende los intereses para la cual fue creada. En base a esos intereses, actúa. Pero legítimos como son (y vaya si lo son los de una organización de familiares de desaparecidos), están acotados a ese tema. Su agenda sin duda tiene puntos de contactos con el Instituto, pero cuando se habla de derechos humanos el tema es muy amplio y diverso. Por eso, representa mejor a la ciudadanía lo que se vote en la Asamblea General y no lo que pretenda imponer una ONG.

Esta intención de sustituir la representatividad política por las ONG, al menos por las que han asumido que ellas son las verdaderas representantes de la sociedad, está horadando el funcionamiento institucional de una democracia y la saludable lógica de un Estado de Derecho.

El ejemplo mencionado es apenas uno solo en los muchos que se dan alrededor del mundo. Pretenden que las cosas se hagan como esas organizaciones quieren y los demás son quienes están en el error. Hablan, como en el caso mencionado, de “repartija de cargos”, expresión usada con carga peyorativa para desprestigiar el legal mecanismo de designación. Está bien que los candidatos sean avalados por ellas y eso no es “repartija”, pero es inmoral si lo hace un parlamento que expresa al abanico político e ideológico del país.

Este fortalecido “modus operandi” le da un enorme poder a muchas ONG. Aunque también hay que reconocer que otras cumplen con sus cometidos y aportan a la sociedad.

Hablar hoy de ataques a la libertad de prensa y expresión no implica que ellos necesariamente provengan de un gobierno actuando desde el Estado, sino de algunas de estas ONG. A través de la “cancelación” se censuran medios, textos y libros. Hubo organizaciones que en Estados Unidos “cancelaron” por racista la novela “Matar a un ruiseñor”, quizás el más notable alegato antirracista de todos los tiempos.

Afectan la libertad de cátedra y lograron en Estados Unidos que profesores prestigiosos renuncien por no acatar lo que ellas sostienen que es verdad absoluta. O sea, un dogma.

Hay rectores universitarios que tiemblan ante los dictados de estas organizaciones y acatan. Les falta coraje y viven pidiendo disculpas por culpas que saben que no tienen.

Otro ejemplo es el intento por imponer una forma “inclusiva” de hablar. Esto pasa en Uruguay. Pero dicha forma es tan ridícula que a la gente le causa gracia y no la adopta.

Hay organizaciones que usan argumentos seudocientíficos para fundamentar sus posturas de modo tal que quien no los acepta pasa a ser un retrogrado.

La democracia tiene sus instituciones y procedimientos. Cree en los órganos representativos y entiende que nadie debe tener la suma del poder: por lo tanto, lo reparte en las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales para que mediante controles y equilibrios se garanticen los derechos y libertades de la gente.

Estas ONG que despliegan un creciente poder, juegan por fuera de las reglas, presionan por encima de sus potestades y pretenden convertirse en una suerte de gobierno paralelo.

Si urge cuidar la democracia, urge también recordarles a las ONG que nadie los votó para que gobiernen al resto.