Tomás Linn
Tomás Linn

Obligación sí o no

Junto con la cepa Delta, llegó a Uruguay una discusión que se agita en otros países. ¿Cuán obligatoria debería ser la vacunación contra el virus? La tendencia mundial ha sido la de no obligar a vacunarse.

La nueva cepa, sin embargo, pegó fuerte en aquellas regiones donde la vacunación es lenta e incompleta, e impuso así el debate.

El gobierno uruguayo insiste en que la inoculación no debe ser compulsiva. Los buenos resultados de la vacunación ayudan a que el debate acá sea menos intenso.

En cuatro meses y medio el 70 por ciento de la población (casi dos millones y medio de personas) se vacunó con una dosis y el 59 por ciento (dos millones de personas) recibió las dos dosis.

La gente más expuesta a la variante Delta, acá y en todo el mundo, es la que no se vacunó. Su aparición volvió a poner presión sobre algunos centros de salud justo cuando parecía llegar el alivio.

La eficacia de la vacunación contra el Covid-19 está fuera de discusión. Las cifras en Uruguay son contundentes. A medida que crecen los vacunados, decrecen los contagiados, internados en CTI y muertos.

Sin embargo hay un grupo reducido pero inflexible que se resiste a vacunarse y eso entorpece el proceso. Para contrarrestarlo, el ministro de Salud Pública anunció que se seguirá vacunando “barrio a barrio” y “empresa a empresa”.

Está bien que la vacunación no sea obligatoria aunque también tiene sentido que algunas instituciones consideren que quienes trabajan allí deberían estar vacunados. No porque el Estado lo obligue, sino por ser un requerimiento particular de esa institución.

El director del hospital de Clínicas, Álvaro Villar, anunció que exigirá que los estudiantes que hacen prácticas allí estén inmunizados. Asimismo, la Asociación Rural pedirá a quienes ingresen a la Expo Prado, ya tengan los 15 días cumplidos desde la segunda dosis.

En columnas previas he sostenido que así como el gobierno no debía obligar a nadie a vacunarse, era razonable que algunas instituciones lo requieran a su personal.

Sería el caso de los centros de salud. Es absurdo que quienes predican la necesidad de una masiva vacunación, tengan en su retaguardia gente que no se inoculó

Un paciente tiene derecho a exigir que desde la recepcionista de un hospital o una clínica, pasando por enfermeros y médicos y también por el personal administrativo y de limpieza, esté todo vacunado.

Contra lo que algunos opinan, eso no afecta el derecho a trabajar pues se trata de un derecho que suele tener alguna contrapartida. Nadie está forzado a andar por la calle con casco, pero sí quien trabaje en una construcción. Para muchas tareas se requieren ciertos requisitos, desde el uso de uniforme, pasando por el conocimiento de especialidades, hasta la presentación de exámenes médicos rigurosos para realizar determinadas tareas.

La obligación de vacunarse en lugares específicos, que no la impone el Estado, tiene que ver con la libertad responsable de la que tanto se habla. Una persona es libre de vacunarse o no, y debe asumir la responsabilidad que esa libre decisión conlleva. Tendrá efectos y de ellos hay que hacerse cargo. Quien no se vacuna debe tener claro que eso podría afectar su salud, la de terceros y su empleo.

Es probable que algunos centros de enseñanza exijan que sus estudiantes, docentes y personal se vacunen para garantizar protección sanitaria.

Esto ya ocurre en Estados Unidos. Un juez federal apoyó a la Universidad de Indiana por requerir que su personal y estudiantes estén vacunados si quieren usar las instalaciones del campus. El fallo podría ser apelado, pero ya hay un pronunciamiento judicial respecto al derecho de un organismo a tomar medidas que salvaguarden la salud de su personal y su estudiantado.

En Francia, el gobierno que en un principio defendió la no obligatoriedad de la vacunación, con la variante Delta y ante un proceso lento de inoculación, dio un viraje y la semana pasada anunció que la vacunación será solicitada a personal de salud, empleados de residencias de ancianos y los que trabajan con personas frágiles. Además se la pedirá a quienes vayan a restaurantes, cines, espectáculos y eventos deportivos. No habrá restricciones de movilidad excepto para quienes no se vacunaron.

Sería imposible plantear una estrategia así en Argentina, ya que no es culpa de la población que la vacunación sea lenta, incompleta (porque escasea) y desordenada.

En Uruguay el proceso se hizo a ritmo sostenido y con amplia adhesión de la gente, lo que relativiza el debate.

Lo razonable, como expliqué, es que algunas instituciones (no el Estado) por su propia cuenta, lo requieran. Ello no afectaría el concepto de libertad responsable. Las personas son libres de no vacunarse y los centros de salud y otras instituciones lo son de pedir constancia de vacunación.

Quien decide no vacunarse sabe que esa decisión genera una cadena de consecuencias y, en el uso de su libertad, debe hacerse cargo de tales efectos.

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