Hasta que el gobierno anunció que había firmado acuerdos con dos laboratorios para comenzar la vacunación en marzo, reinó en el país un clima de impaciencia y nerviosismo. Había quienes querían una respuesta inmediata y sostenían que el gobierno se había dejado estar.

Ni siquiera reparaban que en las grandes naciones donde la vacunación ya estaba en marcha y se pagaron cuantiosas sumas para adquirir sus correspondientes dosis, había (y sigue habiendo) problemas de abastecimiento.

Ahora que se sabe que en un mes y algo estarían llegando a Uruguay las primeras dosis de vacunas, en lugar de expresar tranquilidad o alivio las encuestas empiezan a revelar que un porcentaje llamativo de gente no está dispuesto a vacunarse.

Hasta hace unos días se reclamaba que vinieran cuanto antes, ahora muchos no las quieren. ¿Qué pasó con aquella impaciencia de hace dos semanas? ¿Cómo se entienden los volátiles humores de esta sociedad?

A esto se agrega un sondeo publicado el jueves pasado por El País, donde se revela que un 40 por ciento del personal de salud no quiere vacunarse o plantea dudas para hacerlo. Concretamente 12 por ciento dice que no se va a vacunar y 28 por ciento tiene dudas.

Se trata de un sondeo raro, porque si quienes necesitan cuidarse para poder cuidar a terceros no están muy seguros de vacunarse, ¿entonces para que deberíamos molestarnos los demás? Que siga la pandemia, que se mantengan por siempre las restricciones, que continúen limitados los viajes, que sigan encerrados los ancianos en las residencias sin recibir visitas, que siga habiendo gente que no puede trabajar porque su actividad se vio afectada por la pandemia. En este preciso momento, eso está ocurriendo con la actividad turística que tanto empleo da; pero no es la única.

Francamente no me entra en la cabeza: si 40 por ciento del personal de la salud (repito, de la salud) no quiere vacunarse o tiene dudas, ¿dónde estamos parados?

El gobierno ha dicho que la vacuna no será obligatoria y está bien que así sea. El ministro de Salud sostuvo que de todos modos para la gente que trabaja en áreas de la salud, vacunarse debería ser una obligación ética. ¿Es que alguien cree que no?

Sin embargo, que el Estado no imponga por ley una vacunación forzosa, no quiere decir que llevada a la práctica termine siéndola por la mera lógica de los hechos. Al menos en casos concretos.

Pasa con otras vacunas. Un ejemplo clásico es la vacunación antitetánica. No es obligatoria, pero si alguien quiere practicar deportes o hacer gimnasia en un club, debe primero actualizar su ficha médica y para ello tener la vacuna antitetánica al día. Si no la tiene, no le dejarán hacer actividad física. O sea, el club por la vía de los hechos impone una obligatoriedad para un fin específico.

Es cada vez más frecuente que en una familia donde hay un bebé de pocos meses, se pida a los que estén en contacto frecuente con esa pequeña criatura (los abuelos o los tíos) que tengan la vacuna antigripal y la triple. No es el Estado que lo exige, lo piden los padres del bebé porque entienden que es lo recomendable. Pero al convertirse en una condición para estar cerca, termina siendo obligatoria “de facto”. Aunque sea algo intrafamiliar.

Algo similar pasará con la vacuna contra el COVID. Así como para viajar (cuando las normas de emergencia lo permiten) hoy se pide en casi todo el mundo el hisopado hecho 72 horas antes y con resultado negativo, es probable que por un tiempo se exija constancia de estar vacunado.

En determinados lugares de trabajo, por las razones que sean, se pedirá que el personal esté vacunado. De esa manera la empresa podrá ofrecer más garantías para quienes trabajan ahí, para sus clientes y así volver a funcionar a pleno como no lo hacía desde que llegó la pandemia.

No será el Estado quien esté imponiendo la obligación de vacunarse, pero en los hechos y según las necesidades, para moverse en algunos sectores de actividad habrá que vacunarse.

No le ofrece ninguna tranquilidad a un paciente que deba atenderse en su sociedad, saber que un porcentaje de su personal rehusó vacunarse. Más cuando es probable que para hacerse determinados tratamientos a ese mismo paciente sí se le pida estar vacunado, como ahora se le exige hacerse un hisopado.

Por eso mismo, no sería de extrañar que algunos “prestadores de salud” (para usar una expresión de moda) terminen exigiendo que su propio personal esté inoculado. Sin duda, los socios de esas sociedades y mutualistas lo agradecerán.

Sea como sea, lo que el sondeo revela es asombroso. Que 40 por ciento del personal que cumple tareas en la salud, en las instituciones encargadas de sanar, salvar y dar todo tipo de vacunas insista en dudar o negarse, es demasiado.

Uno estaría tentado a preguntarse: “¿en que mundo vivimos?”. Pero en realidad, la pregunta correcta debería ser: ¿en que mundo viven ellos?