La campaña electoral empieza a encender los motores y ya se ven algunos de sus efectos. Cada uno de ellos daría para un análisis por separado.

El Frente Amplio, por ejemplo, propuso en su programa eliminar las exenciones tributarias para quienes hagan donaciones destinadas a la enseñanza privada. El Partido de la Gente intenta aplacar una brutal crisis interna que pone en juego su sobrevivencia. La alianza armada por el Partido Independiente no termina de aceitarse. Jorge Larrañaga sigue apostando a su reforma constitucional en ancas de un alto número de firmantes. Sanguinetti se reenergiza con su salida al ruedo. Luis Lacalle lanza su campaña con el acto del Parque Viera, el Partido Socialista se inclinó más a la izquierda ortodoxa al elegir nuevas autoridades y el MPP pateó el tablero político al lanzar sus 16 medidas.

Lo de “patear el tablero” lo digo en tono de ironía. Si con esto de lanzar un número determinado de medidas pretendió ser original, ya le ganó Luis Lacalle Pou que viene lanzando, cada mes de marzo, 20 medidas para ser aplicadas ese mismo año y que el gobierno nunca les hizo caso, pese a que algunas le hubieran servido.

En cuanto al tono de las medidas, son una versión mujiquista de la famosa “motosierra” que propuso Lacalle Herrera en las elecciones del 2009, cuando compitió contra Mujica. Solo que estas están disfrazadas de una mal disimulada demagogia.

En cuanto a la oportunidad, habría que preguntarse si dado que se consideran indispensables, ¿por qué no las aplicó cuando le tocó a él ser presidente?

La “motosierra” de Mujica no es un genuino recorte de gastos en un país con un déficit fiscal fuera de control. Propone una serie de tramposos recortes para sacar dinero destinado a propuestas groseramente demagógicas. El déficit por lo tanto se mantendrá.

La sola aplicación de esas medidas será retorcida. Por ejemplo, propone crear un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos de especial confianza. El planteo es un poco surrealista. ¿No sería más sencillo establecer un sueldo que sea 15 por ciento menos de lo que se paga en este momento?

Otra medida sugiere hacer una ley para que los cargos públicos de particular confianza devuelvan el excedente del Fonasa. Se supone que ese dinero se destinaría a financiar la compra de medicamentos muy caros, un tema que tiene sensibilizada a la sociedad.

Tampoco esa medida tiene sentido. Parte de la premisa que la tan mentada devolución (un ritual que ocurre todos los años) es una dádiva que da al Estado a la gente y por lo tanto se puede quitar. No es ninguna dádiva. Por algún mecanismo peculiar en la forma de cobro, ese tributo destinado a Fonasa termina siendo mayor a lo que corresponde y por lo tanto una vez al año se “recalcula” y se devuelve lo que sobra. No es dinero que el Estado pierde, no está en su presupuesto y no le pertenece. Por lo tanto la confiscación propuesta es un atropello, aun cuando se lo quite a funcionarios de confianza política.

Si el partido de gobierno tiene un problema con la devolución de ese excedente, que reformule la manera de cobrar el impuesto, pero es inadmisible que quiera quedarse con un dinero que no es suyo.

Los recortes propuestos están cargados de una demagogia sorprendente. Pretende por ejemplo convertir la residencia presidencial en una jardín de infantes. La idea es casi infantil. Si bien el Frente Amplio siempre tuvo una visión populista de cómo usar la residencia presidencial, habría que recordar que los dos presidentes frentistas vivieron en lugares donde era relativamente fácil marcar un perímetro de seguridad. Uno de ellos vivió en una chacra en la zona rural de Montevideo, el otro en una residencia típica de una zona del Prado que también permitió establecer un relativo espacio de seguridad sin alterar demasiado a los vecinos. Si un próximo presidente viviera en un apartamento, sus vecinos sin duda le pedirán desesperadamente que se mude a la calle Suárez porque no querrán tolerar más ese molesto despliegue de seguridad, por poco que sea.

Otras medidas planteadas se vinculan a los pases en comisión usados por gobernantes y legisladores, los llamados a concurso, la transparencia de las cuentas bancarias de políticos electos o con cargos de confianza y otras en ese tenor.

Son ideas que hace años que están en la mesa de discusión pero no todos coinciden en cómo resolverlas y no siempre se llega a una solución. No lo hicieron ni los gobiernos previos a la llegada del FA ni el Frente en estos quince años, incluidos los cinco de Mujica. ¿Por qué entonces viene recién ahora el MPP con estos 16 puntos, cargados de frívolo populismo, cuando nunca antes le interesó proponerlos?

De hecho, fue en la presidencia de Mujica que más aumentó el ingreso de funcionarios públicos, incluida una fuerte presencia de jerarcas de confianza, repartidos por todo el Estado.

Alguna vez el presidente Vázquez dijo de los líderes opositores que a ninguno “se le caía una idea”. Parece que dentro de sus propias filas eso tampoco sucede.