Tomás Linn
Tomás Linn

Mano dura, ¿pero cuál?

Cuando para robar cien pesos hay que asesinar, cuando bandas de narcotráfico armadas hasta los dientes copan los barrios más pobres, cuando los delincuentes le perdieron el miedo a la Policía, algo grave está pasando.

El Estado se ve desbordado en su tarea de mantener el orden, no tiene control de la situación y cada vez que es cuestionado, no sabe cómo responder.

Al ser llamados a comisión, el ministro del Interior y el director nacional de Policía (ambos parte de un mismo gobierno) discreparon delante de los presentes sobre su diagnóstico de la situación. Eso obliga a preguntarse en manos de quiénes está la seguridad, al ser incapaces de ponerse de acuerdo.

La situación tiene alarmada a la población y basta caminar por la calle para percibirlo. También preocupa a los partidos opositores. Uno de sus líderes, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, mostró rápidos reflejos al tomar la iniciativa y lanzar una serie de propuestas que prendieron de inmediato en muchísima gente que, desesperada, quiere respuestas ya.

Tener buenos reflejos no quiere decir proponer ideas calificadas. Pero sí demuestra cierta empatía con el sentir de la población. Larrañaga tuvo puntería, sin duda. Sus propuestas en cambio, ni son atinadas ni van a resolver el problema. Eligió el camino fácil y sacó de la manga viejas ideas, de esas a las que cada tanto se acude: que intervengan los militares y que se pongan penas más severas. A lo que agregó lo del allanamiento nocturno.

Esto exige reformar la Constitución ya que modifica sustancialmente un artículo referido a derechos y garantías básicas de las personas y que por tratarse de ese tipo de garantías, lo ideal sería nunca tener que cambiar ese artículo. Lo que parece bueno para atrapar criminales, un día puede ser mejor para perseguir ciudadanos inocentes. Si se cede en recortar derechos para atrapar delincuentes, es porque la batalla ya está perdida. Esa señal jamás debe darse.

Como es natural, no todos sus correligionarios están de acuerdo. Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso ya lo expresaron. En las redes, eso generó fastidio: ¿cómo es posible que los blancos no remen juntos?

Es posible cuando la discrepancia es sobre un asunto de esta envergadura. No es menor estar o no de acuerdo con que los militares cumplan funciones policiales, y menos aún lo es cambiar la Constitución, no sobre un asunto de cómo organizar al gobierno, sino en los capítulos referidos a derechos fundamentales.

El problema es que cuando la situación llega a un límite intolerable, cualquier solución que parezca dura, pasa a ser aceptable para la gente. Ya hay miles que están firmando su adhesión a la propuesta de Larrañaga. No importa si tiene razón o no. Para los que firman, lo que importa es que plantea la tan requerida “mano dura” y de ese modo responde al clamor popular.

Mientras tanto, por compartible que sea la postura de Alonso y Lacalle Pou (y lo es), la pregunta es qué tipo de “mano dura” proponen ellos, que no vaya contra principios constitucionales básicos ni confundan los roles de la Policía con los militares.

Varias personas que conozco y trabajan en la zona de la calle Canelones en las esquinas con Carnelli o Ejido, se quejan de los continuos robos a los autos que se detienen en los semáforos. Ocurren todos los días y a toda hora, son los mismos delincuentes y en el mismo lugar. Allí no se necesita una orden de juez para un allanamiento ni diurno ni nocturno. Los robos ocurren en plena calle (no en un hogar) y a la luz de día. Sin embargo, no pasa nada. Nadie los detiene y si ocurre, cuando llegan al juez o bien no hay suficientes pruebas para meterlos en la cárcel o los jueces prefieren darles las penas más bajas, habiendo mayores.

Establecer la pena perpetua no hará que los jueces, propensos a ser laxos, quieran aplicarla. Por lo tanto, la norma estará pero no asustará. Es que el nudo del problema está en otro lado.

¿Qué hacer entonces? Uno pensaría que una Policía eficaz, que proceda con energía, que investigue con inteligencia y que resuelva con rigor, cambiaría la actual situación. Que haya buena pesquisa y que atrapen al ladrón, para decirlo en forma simple. Pero por ahora se la ve de manos atadas, inerme, con temor a que la consecuencia de un necesario operativo termine subestimado por los jueces.

Cuando la Policía se refrena de actuar por temor a las sanciones, actúan los vecinos. Indefensos, toman sus propias medidas, pero esto funciona hasta que también ellos terminan acusados en un juzgado, cuando debieron ser los acusadores. Los que la sacan barata al final son los delincuentes, con esta Constitución o con una reformada, con estos policías o con los militares en la calle, con estas penas o unas más severas.

Lacalle Pou y Alonso tienen razón. No son las soluciones de Larrañaga las que sirven. ¿Pero cuáles entonces? ¿Qué proponen ellos? Mientras no tengan algo mejor, convincente y lógico que proponer, la gente seguirá firmando.

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