Tomás Linn
Tomás Linn

La lista no tan conocida

El atraso cambiario afecta la competitividad. Los productos nacionales que se comercian o exportan son demasiado caros comparados con los precios de mercadería fabricada en otros países.

Esto es algo bien sabido, pero no es el único factor. Hay una lista conocida de otros costos que afectan la competitividad: las tarifas de los servicios públicos y monopólicos y los impuestos, nacionales o municipales. Y hay también otra lista, esta no tan conocida.

En una reciente conferencia, el economista Ernesto Talvi sostuvo que había una aceleración de la economía pero una reducción de empresas y de empleos. Ello no se debía a la automatización. En Uruguay baja el empleo pero no hay más robots.

La explicación de productores y empresarios es sencilla. No solo la carga de impuestos y tarifas son parte del problema. También un pesado sistema de regulaciones y controles terminan teniendo una increíble incidencia en sus costos operativos. Ello obliga a hacer recortes que a veces afectan el número de empleados. O terminan alentado el cierre del local.

Hasta hace no mucho tiempo, liquidar sueldos era un proceso sencillo. Una sola persona, el contador, resolvía en pocos días los sueldos de toda una empresa, incluidos aportes y descuentos por impuestos.

Hoy eso es imposible. La pesada regulación y el complejo entramado de sistemas de software hacen que un contador por sí solo, no pueda cumplir esa tarea. Corre el riesgo de cometer, sin siquiera darse cuenta, errores y deslices que luego el Estado sancionará en forma implacable.

Por lo tanto hay que contratar estudios contables que conozcan las laberínticas normas y el sofisticado software para hacer la tarea. Y eso cuesta plata.

Pese a cobrar los correspondientes impuestos, la Intendencia Municipal de Montevideo se desligó de la responsabilidad de recoger la basura de las empresas que, por supuesto, tampoco pueden tirarla en un contenedor común. Por lo tanto, hay que duplicar costos y contratar servicios privados.

Quienes manejan mercadería envasada en cajas de cartón o en grandes blísteres, deben pagar para su reciclaje a un llamado "plan de gestión de envases". Ese monto lo pagan empresas importadoras o grandes fabricantes, que luego revenden a comercios minoristas que se llevan la mercadería totalmente envasada. Y nadie sabe qué hacen ellos con el cartón, ni qué pasa con el dinero pagado.

Empleados y empresas pagan un porcentaje a un fondo de reconversión laboral para que quienes están desocupados se reciclen ante las nuevas ofertas laborales. Una práctica habitual en países ricos. Lo cobra el BPS, lo toma el Ministerio de Economía y lo pasa a organizaciones sociales y a sindicatos que se encargan de usarlos. Al menos eso se supone, pues nadie parece tenerlo claro. ¿Se usa el dinero para ello y es efectivo el resultado? El desocupado que se reconvirtió, ¿encontró nuevo empleo?

Por otra parte, el Estado ya no utiliza el viejo sistema de hidrantes que tenía OSE en las calles, para que los bomberos pudieran apagar incendios. Ahora las empresas, hospitales o centros educativos que tramitan la habilitación de los bomberos, deben tener en sus techos enormes tanques de agua que almacenan lo necesario para una emergencia. Todo hecho con un sistema eléctrico que funcione aun cuando haya apagón. Instalar eso (siempre que el techo resista tamaña obra) le cuesta a una empresa mediana, de pocos empleados, unos 15.000 dólares, a lo que se suma el costo constante de mantenerlo en perfecto estado todo el tiempo.

Por otro lado, cambió el sistema de cobro de impuestos a las utilidades no distribuidas entre socios o accionistas. O sea las utilidades usadas para reinvertir en la propia empresa. Desde 2007 había una quita si los accionistas renunciaban a cobrar su parte y se usaba para mejoras (o para poner los tanques). La medida alentaba la reinversión. En 2016 esa norma cambió y ahora se quiere cobrar todo, en forma retroactiva al 2007 y de un solo saque. Medida draconiana si las hay.

Está el tema de la seguridad. Al crecer los robos las empresas buscan formas privadas de vigilancia. Los comercios pequeños usan mecanismos sui géneris para reducir costos altos, al punto que el subsecretario del Interior salió a cuestionarlas, cuando en realidad le correspondía cuestionarse a sí mismo por no cumplir esa función única que liberales y estatistas coinciden que debe hacer el Estado: brindar seguridad.

En los últimos años hubo una sobrecarga de tarifas, impuestos y mucha regulación excesiva y absurda.

Ante tanto exceso, los empresarios sacan las cuentas y estas no cierran. En algún lado tienen que cortar. ¿No estará ahí la explicación de esta suerte de bonanza mezclada con desempleo? ¿No será hora de revisar tantas asfixiantes normas? Por este camino ni si incentiva la actividad agropecuaria, productiva y comercial, ni se alienta la inversión. El resultado es obvio. Menos empleo, sueldos más bajos, menos actividad. Eso llevará a terminar con tanta bonanza. Un fin artificial, impuesto por un exceso de asfixia.

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